Hidrovía: pese a las denuncias, preadjudicaron la privatización por 25 años

Una presentación judicial contra Luis y Santiago Caputo no frenó el prceso de licitación de la Hidrovía, que favoreció a la belga Jan de Nul.

El Gobierno nacional preadjudicó la concesión por 25 años del dragado y mantenimiento de la Hidrovía, y se la otorgó a la empresa belga Jan de Nul, que la semana pasada fue eje de una denuncia presentada por una Fundación y, supuestamente, vinculada al ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La denuncia penal -realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que tiene como nombre visible al periodista Fernando Míguez- acusó a los dos Caputo, Iñaki Arreseygor, y el Grupo Neuss, de ser socios en las sombras de la firma belga que se quedó con el control de la Hidrovía junto con su socia argentina, Servimagnus.

Jan de Nul se impuso en la contienda de ofertas a DEME, otra empresa belga. De Nul viene de ganar también las obras para el Puerto de Buenos Aires, donde se le asignaron tareas de dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores clave.

En las últimas semanas, según informó el diario Clarín, los directivos de Jan de Nul visitaron al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para garantizarle que trabajarán con proveedores occidentales, es decir, que no habrá capitales chinos involucrados.

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado publicado en la red social X, se «preadjudicó la privatización de la Vía Navegable Troncal» sobre el río Paraná y se desestimó la oferta de la otra belga en disputa, Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

Hidrovía: qué dijeron las denuncias

Ambas empresas, competidores internacionales en todas las licitaciones de este tipo, propusieron la misma oferta económica para el cobro de tarifas de peaje, que fue el precio mínimo dispuesto por la Agencia de Nacional de Puertos y Navegación: 3,80 dólares por tonelada de registro neto hasta que se profundice el dragado. Posteriormente trepará, primero a US$ 4,65 y, luego, a US$ 5,78.

Según se justificó, la oferta técnica de Jan de Nul fue la que terminó de volcar la balanza a su favor, a partir de la ventaja de haber manejado la concesión de la Hidrovía desde 1995.

Tras el dictamen de preadjudicación, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, «se abre una última instancia de siete días corridos» para presentar impugnaciones.

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La denuncia de la Fundación llegó después del rechazo judicial a otra, presentada por la diputada libertaria Marcela Pagano y la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación.

Las dos se sumaron a un informe negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que impulsaba una investigación sobre una presunta maniobra de direccionamiento en la licitación de la hidrovía que, según se sostiene, habría sido hecha a medida de Jan de Nul y Servimagnus.

La ventaja más fuerte obtenida sobre su competidora DEME fue en la evaluación técnica, ya que la ganadora realiza el trabajo desde los años 90, cuando el menemismo privatizó el trabajo. Es precisamente allí donde se concentran los cuestionamientos.

“Serias y evidentes irregularidades”

El Gobierno ya había dejado afuera de la licitación a las empresas públicas, lo que significó sacar del juego a CCCC, la estatal china que opera el río Yangtze Kiang, el único en el mundo –junto al Misisipi, en Estados Unidos, operado por el Ejército norteamericano– de una extensión similar al de la vía navegable argentina.

Días atrás, la PIA, que ya había intervenido en procesos anteriores vinculados a la concesión, emitió un dictamen en el que advirtió que del expediente“surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, con posibles consecuencias “administrativas y/o penales”. 

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Entre las observaciones aparecían el diseño del sistema de evaluación, la redacción de cláusulas anticorrupción, las condiciones de cesión del contrato y la falta de estudios de impacto ambiental.

Y según la presentación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, el esquema se armó para favorecer a un único operador y permitir luego el ingreso de terceros actores empresariales mediante subcontrataciones.