Gremios docentes acusan al gobierno porteño por falta de profesionales para tratar la violencia familiar

Es por el caso Agustín, el nene de cinco años asesinado por su padrastro, dos maestras fueros separadas, lo que generó críticas de los sindicatos y un paro de actividades. Dicen que faltan profesionales para hacer tareas preventivas, y que se intenta trasladar la culpa a los trabajadores. En la Provincia también están atentos a circunstancias similares.

La tragedia de Agustín, el niño de cinco años asesinado a golpes por su padrastro en el barrio porteño de Flores, sigue generando conmoción. Ayer, un grupo de gremios docentes realizó un paro y una movilización al jardín donde trabajan las dos maestras separadas de su cargo, medida adoptada por el Ministerio de Educación porteño por considerar que no se aplicaron los protocolos sobre violencia familiar, algo rechazado por la representación sindical. El hecho dejó al descubierto una serie de irregularidades en el sector, y puso en alerta a los gremios, que aseguran que en muchos casos quieren que los docentes respondan por situaciones “que deben ser responsabilidad del Estado”. La preocupación se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde se solidarizaron con las trabajadoras sancionadas.

Las sanciones a la maestra y la directora del jardín Nº2 de Flores movilizó a varios gremios porteños, que ayer realizaron un paro. Desde UTE, Ademys, Sedeba, Camyp y otros rechazaron lo que consideraron un intento de “deslindar responsabilidades” del gobierno, que acusa a las trabajadores de no haber detectado las señales de violencia de familiar que sufría el chiquito.

Desde Ademys confirmaron a Gestión Sindical que la maestra al menos una vez alertó de un problema (el chico llegó sin dos piezas dentales), pero la mamá “trajo certificado odontopediátrico”, para justificar el hecho. “Es una acción unilateral del Ministerio de Educación”, afirmaron. Desde el gremio recordaron que la Junta Disciplinaria, que evalúa el accionar docente en la Ciudad de Buenos Aires, firmó antes de la sanción un despacho donde afirma que no hay elementos para una investigación contra las maestras, que pese a esto fueron separadas de su cargo.

“Justicia por Agustín, que se restituyan en sus cargos a las docentes y por políticas públicas que promocionen los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, expresó la UTE mediante un comunicado. Los gremios recordaron que en el mismo barrio murieron dos niños en un incendio en un taller clandestino, un hecho relacionado ya que interviene el mismo equipo escolar. “Hay una responsabilidad del gobierno en la que está la infancia en la Ciudad de Buenos Aires, debe preservar los derechos de la infancia, el déficit habitacional es muy grande, y eso vulnera los derechos de los niños. Las muertes de Agustín, Rolando y Rodrigo (los niños del taller) son evitables”, afirmó Gabriel Lubo, secretario Adjunto de Ademys.

Fuentes consultadas por Gestión Sindical afirman que en la Ciudad de Buenos Aires se denuncian unos 18 casos de violencia familiar desde las escuelas. Estas denuncian van a un consejo de abogados, que deben darle curso. Además, existe un grupo interdisciplinario que evalúa estos hechos. Según se pudo saber, para la zona de flores, hay cuatro profesionales, cuando debería haber 15. Lo mismo sucede en todo el territorio porteño, que necesita 400 profesionales para atender la problemática y sólo tiene 130. “Esto le permite un ‘ahorro’ al ministro (Esteban) Bulrich de 20 millones de pesos, con las consecuencias nefastas que vemos”, consignaron las mismas fuentes.

La preocupación por el traslado de las responsabilidades estatales a los docentes cruzó la General Paz, y se instaló en la provincia de Buenos Aires. Allí, los gremios no ocultaron su fastidio por lo sucedido con las maestras porteñas, y criticaron el accionar gubernamental. “Se sigue soslayando que la función central y primordial del docente es la tarea pedagógica. La sociedad -y hasta los propios educadores- se ha acostumbrado a sobrecargar a los docentes de tareas que lo exceden y que sobrepasan su formación y su trabajo”, dijo en una carta abierta Mirta Petrocini titular de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB).

“El dolor y la angustia que genera una muerte no debe hacernos perder el foco de un problema que venimos denunciando hace tiempo: que los docentes dejemos de ser víctimas de sospechas y sujetos de culpa de los episodios de violencia que tienen lugar fuera del ámbito escolar”, reclamó la dirigente sindical. Petrocini aclaró que “nunca fue nuestra intención desentendernos de situaciones conflictivas que se suscitan en el seno del hogar. Pero tampoco podemos aceptar que se condene siempre a los docentes por los innumerables hechos de violencia que suceden puertas afuera del establecimiento educativo”. “Es esta situación lo que pareciera habilitar a toda la sociedad a convertir a los educadores en un blanco fácil de la crítica y de la culpa”, concluyó.