Fuertes reacciones, a favor y en contra, al decreto que limita traspaso en obras sociales sindicales
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La CGT defendió el decreto firmado por el Gobierno y criticó al sector privado, que se mostró en contra de la decisión. En tanto, el ministro de Trabajo salió a aclarar los alcances del decreto, que entró en vigencia esta semana.
Mediante un decreto, el gobierno nacional decidió esta semana ponerle un límite al traspaso entre obras sociales sindicales, una medida que la cúpula de la CGT le pidió al presidente Alberto Fernández en sus últimos encuentros. La decisión generó enorme repercusión, en medio de las versiones de cambios en el sistema de salud, que fomentan algunos sectores del oficialismo, y que genera rechazo en el sector privado.
Como era de esperarse, a favor de la medida se mostraron los gremios, que defendieron la medida ante las críticas que generó entre las prepagas, por ejemplo. El ministro de Trabajo Claudio Moroni explicó los alcances de la decisión.
Mediante un comunicado, la CGT defendió el DNU que limita por un año los traspasos entre obras sociales al señalar que «viene a terminar con una práctica espuria y anti sindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada, consistente en elegir el prestador del servicio de salud de sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos y para alejarlo del vínculo natural con el sindicato de su actividad».
Para los sindicatos, el decreto que lleva la firma de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Carla Vizzotti reafirma «el poder del sector trabajador de elegir libremente y no aceptar pacíficamente la imposición patronal».
«Durante años los empresarios de la medicina privada se enriquecieron cooptando a nuestros compañeros para el beneficio de sus empresas y atentando contra el sistema de Obras Sociales. Rápidamente aprendieron a violentar el derecho de opción para transformarlo en una fuente de ingresos adicional», sostuvo la central obrera en un comunicado firmado por José Luis Lingeri, Héctor Daer, Carlos Acuña y Jorge Sola.
Además, explicaron que «los trabajadores conocemos el rumbo de este gobierno y sabemos distinguir entre quienes nos defienden y quienes pretenden seguir subordinando nuestros derechos para su beneficio económico. Como decía aquel viejo refrán ‘hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño’, y con el primer chirlo apareció», concluyeron los sindicalistas.
Postura contraria
En tanto, desde el sector privado salieron al cruce de la medida, la cual la considera parte de la ofensiva contra el sector. Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada, deslizó al respecto que el kirchnerismo aprovechó el partido de la selección argentina para tomar «una decisión que afecta a miles de ciudadanos».
«Nunca pensé que se fueran a animar, parece que aprovecharon el partido de la Selección Argentina para mezclarlo con esa noticia. Nunca me imaginé que se iba avanzar tanto sobre un derecho privado como es éste», manifestó.
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«Creo que esto es un cambio muy grave, muy perjudicial para las personas. Hace años se viene discutiendo si la parte que se le retiene de su sueldo al trabajador le corresponde a él, al Estado o a la obra social», expresó el referente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada.
También, aseguró que este derecho tenía una virtud antes de ser modificada y era que la persona podía elegir. «Además la obra social que no da buenos servicios desaparece, se queda sin afiliados. Era un estímulo para que las obras sociales brindaran un buen buen servicio, el sistema era virtuoso», agregó.
Explicación oficial
Ante las repercusiones, Claudio Moroni, ministro de Trabajo, aseguró en declaraciones televisivas que las modificaciones establecidas en el sistema de libre elección de las obras sociales de los trabajadores no obstruyen la posibilidad de optar por una prepaga sino que «pone un plazo razonable» de un año y se vuelve «a lo que era un esquema original».
«No se están impidiendo la libre elección de las obras sociales, lo que se está poniendo es un plazo razonable», remarcó el titular de la cartera laboral y añadió que el Decreto 438/2021 publicado en el Boletín Oficial en esta jornada «busca mantener el financiamiento de un régimen solidario que tiene una larga historia en la Argentina y ha demostrado que tiene eficacia».
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Moroni explicó que «se había armado un esquema de traspasos muy rápidos hacia entidades comerciales a través de algunos sellos de goma» y que tuvo como consecuencia el «desfinanciamiento de las obras sociales» de los gremios. Con el «esquema original» al que se volvió se refuerza «un sistema de solidaridad grupal” debido a que «el sistema de salud de las obras sociales es un sistema solidario que requiere que los trabajadores de la actividad participen de ese grupo porque es el modo de repartir las consecuencias de los riesgos», afirmó.
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