El gremio de los aduaneros apuntó contra un juez que emitió un fallo con «falsedades, errores e incongruencias»

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) se presentó en la cámara Penal Económica como «Amicus Curiae». Cuestiona un fallo del juez Marcelo Aguinsky.

En febrero, el sindicato de los aduaneros presentó una carta formal ante la titular de la Aduana, Silvia Traverso, quejándose de un fallo cuya prueba principal era un documento no oficial y que consideraba además construido con datos falsos. Como si se confundieron la «comanda» de un restaurante con una factura validada por AFIP. Con esa prueba, el llamado BAPLIE, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó a 40 verificadores de la Aduana, dentro del fallo global que emitió por la llamada causa «Mafia de los Contenedores».

Desde aquel momento, el SUPARA analizó y estudio cuál era la mejor estrategia legal para enfrentar el fallo de Aguinsky, que consideraba perjudicial para el ejercicio de la profesión por parte de sus representados. Ayer el proceso maduró, y el gremio, representado por su secretario general, Carlos Sueiro, se presentó como “Amicus Curiae” ante la segunda instancia del fuero penal económico.

De alguna manera, una solución judicial diplomática, pues no apela el fallo de primera instancia, pero lo cuestiona en sus fundamentos con cierta dureza. De acuerdo a la presentación judicial realizada ayer, la prueba considerada fundamental por Aguinsky es falsa, errónea e incongruente. “El BAPLIE -dice la presentación firmada por Sueiro- es un instrumento ajeno a la documentación oficial que exige la normativa aduanera”, por lo que “no es un documento que se encuentre a disposición o al que tengan acceso los empleados de aduana, más aún, ignoraban su existencia”.

En consecuencia, según la presentación judicial, el BAPLIE debe ser tomado con pinzas. En el lenguaje jurídico: “exige un examen prudente y detallado para poder asignarle valor probatorio a los datos que contienen”.

En el anexo a la presentación judicial, SUPARA presenta indicios que harían a la prueba considerada fundamental por Aguinsky -el BAPLIE- inconsistente, falsa y errónea. Por ejemplo, que 406 contenedores contengan un peso bruto que supera la capacidad máxima del contenedor (lo cual es imposible), o que otros 1.893 contenedores consignen un peso bruto inferior al del contenedor vacío.

“La gravedad de estos hechos -apunta la denuncia del gremio aduanero- nos permite sostener que nos encontramos frente a un posible fraude procesal probatorio, que amerita la apertura de una causa judicial a fin de investigar la posible comisión de un ilícito. Cuestión que dejamos expresamente planteada.

La saga “Mafia de los Contenedores”

El fallo cuestionado por el SUPARA, y que lo hace presentarse como “Amicus Curiae” ante el fuero penal económico, es relativo a la causa 529/2016, conocida popularmente como “Mafia de los Contenedores”. La presentación realizada ayer apunta contra una de las partes del fallo de esa causa, que procesó a alrededor de 40 verificadores de la Aduana, generando “un grave estado de riesgo” porque atenta contra “el grado de seguridad laboral e incluso la libertad personal de los empleados”, siempre según la presentación judicial.

“Si un juez emite un fallo tomando como prueba un documento que no es tal, presentado como anónimo por un periodista, y llamando a un testigo de la Administración General de Puertos (AGP), que es absolutamente ajeno y desconocedor de nuestra tarea, entonces nada cierra”, le relató a NA una fuente que viene siguiendo el tema desde el año pasado. “Si además el fallo es de un juez con dos décadas de experiencia en el fuero penal económico, entonces todo es más difícil de explicar”, agregó.

El procesamiento de 40 verificadores, tomando como prueba fundamental un BAPLIE, no es la única sorpresa que arrojó el fallo de “Mafia de los Contenedores”, causa llevada adelante en todo su proceso por el juez Marcelo Aguinsky. La misma comenzó en 2016 tras una investigación del Ministerio de Seguridad contra el entonces titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, que estaba enfrentado con la ministra Patricia Bullrich. En esencia, se acusó a Gómez Centurión de pedir coimas a través Carlos Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda, con el fin de liberar contenedores que estaban retenidos en la Aduana. Hasta ocasionó que Gómez Centurión estuviera suspendido de su cargo como titular de Aduana durante casi dos meses, al cual luego volvió.

El juez mantuvo preso a Barreiro Laborda y ni siquiera llamó a declarar a Gómez Centurión. Pero lo que más sorprendió fue la dirección que tomó la investigación y el fallo de fondo producido por la misma. Para entender el mecanismo del cual se acusa a Gómez Centurión, Aguinsky decidió investigar a la Aduana durante el gobierno anterior, cuando los famosos contenedores no tenían chances de ser liberados. Aguinsky procesó y embargó a altos funcionarios de la Aduana previa al 2016. Mientras que le dictó falta de mérito a dos ex directores generales, ya había dejado libre a Barreiro Laborda, y ni siquiera llamó a declarar a Gómez Centurión.

El sindicato reaccionó, y comenzó a pensar en la segunda instancia

Tras el estupor inicial por el fallo de Aguinsky, y el posterior cambio de gobierno, el sindicato de los aduaneros se expresó formalmente mediante una carta de su secretario general -Carlos Sueiro- dirigida a la titular de la Aduana, Silvia Traverso, fechada el 12 de febrero. La carta anticipaba los argumentos esgrimidos en la presentación judicial de ayer. Decía lo siguiente:

-“Causa honda preocupación en la comunidad aduanera la aparición en sede judicial de un nuevo documento denominado BAPLIE, instrumento no oficial y desconocido, que no integra la documentación exigida por normas aduaneras y al cual el magistrado le otorga una preponderancia probatoria determinante, en relación al “peso” de la mercadería, el que difiere sustancialmente con el declarado en la documentación única y oficial que reconoce la Aduana y con la cual cuentan para su tarea los funcionarios del organismo”.

-“También cuestiona el magistrado la celeridad en el desaduanamiento de la mercadería, cuando esta práctica lejos de ser cuestionable es un objetivo institucional recomendado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y asumido como propio no sólo por el organismo sino por el anterior Gobierno Nacional”.

Desde ayer el sindicato de los aduaneros, cuya secretaria general suele ser paciente y medido, dio un paso fuerte para cuestionar no sólo la legalidad del fallo de Aguinsky en la emblemática causa “Mafia de los Contenedores”, sino también pidiendo un juicio por “fraude procesal probatorio”. Con un argumento que pocos se animan a confesar, y solamente off the record: el sindicato hizo ronda de consultas previas con distintos juristas antes de su presentación, y confía en la validez de sus argumentos.