Detectaron un 40% de irregularidades laborales en un centro de transferencia de cargas en CABA

El operativo conjunto entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo relevó las condiciones de 1.290 trabajadores pertenecientes a 201 empresas.

Un operativo conjunto realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Trabajo permitió detectar un 40% de irregularidades laborales en la registración de trabajadores en las instalaciones de un centro de transferencia de cargas ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las tareas de control y fiscalización se relevaron las condiciones laborales de 1.290 asalariados pertenecientes a 201 empresas que operan en el centro de transferencia de cargas.

Además, se constató la situación de 25 monotributistas de los sectores de transporte de carga, seguridad, limpieza y venta de cubiertas, entre otros.

Se determinará la deuda y habrá multas

El operativo conjunto contó con la participación de los inspectores especializados de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP. También estuvieron presentes agentes de la Dirección General de Aduanas y Gendarmería Nacional.

Ahora, la agencia fiscal determinará la deuda a los empleadores por los aportes y contribuciones no depositados. Y el organismo también multará a quienes no tuvieran inscriptos a sus trabajadores y trabajadoras.

El centro de transferencia de cargas donde se efectuó el operativo realiza la carga y descarga de camiones, estiba, transbordo de mercadería y oficinas administrativas correspondientes a las distintas empresas de transporte que fueron relevadas.

El complejo consta de 37 hectáreas con 4 docks de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, más sectores destinados a servicios administración y comercial.

Otro operativo resonante realizado por la AFIP

Hace solo una semana la AFIP había realizado el mayor decomiso de granos en la historia del organismo. En un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.

Además, el organismo retuvo otras 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino.

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Según la AFIP, las 8.100 toneladas decomisadas -que equivalen a unos 300 camiones- tienen un valor de mercado del maíz que supera los 160 millones de pesos, de acuerdo con los precios de plaza vigentes.

Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los 65 millones de pesos, y la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.

Esa investigación había comenzado tres meses atrás, cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta.

La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos, para así poder investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz.

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La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz, y por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana. La pesquisa permitió detectar que los  productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.

Más irregularidades encontradas

También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros, que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Y se constató la adulteración en la documentación obligatoria para transportar granos dentro del país.

Por otra parte, en el caso del decomiso de las 502 toneladas de soja, la investigación de las distintas áreas del organismo permitió constatar inconsistencias como la falta de capacidad económica del operador, así como la ausencia de la carta de porte electrónica, la única documentación válida para trasladar granos dentro del país.

Esa investigación fue resultado de un trabajo conjunto entre la DGI y la Aduana, y el operativo además contó con la participación de la Gendarmería Nacional.