Criminalización de la protesta: alarma por la suba de conflictos gremiales que terminan en la justicia

Los casos de los choferes de la Línea Esta y la Línea 60 son parte de una tendencia que en la era Macri se profundizó. “Es una amenaza para todos”, afirman desde los gremios. La lectura de la sentencia a los choferes acusados de amenazas por Monsa se pospuso hasta la semana que viene. El Observatorio del derecho Social afirma que la conflictividad en el sector privado se mantiene alta.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Con una movilización a los Tribunales de Capital Federal, los choferes de la Línea 60 volvieron a reclamar la absolución de cinco trabajadores de la empresa, que fueron llevados a juicio luego de una protesta gremial que se produjo en 2015. Los empleados están acusados de “amenazas”, que la querella empresarial pidió hasta 10 años de prisión, lo que generó rechazo y preocupación entre sus compañeros y otros sectores. Es que cada vez hay más casos de conflictos sindicales que terminan en la justicia, incluso con condena para los trabajadores.

En el sector transporte hay un antecedente muy grave en la Línea este de la Plata, donde hay cuatro choferes cumpliendo prisión domiciliaria por encabezar manifestaciones en el año 2017. Esta tendencia preocupa en los gremios, ya que creen que se intenta imponer “un peligroso antecedente” respecto de la criminalización de la protesta laboral. Los datos de este año de conflictos, contrario a esto, bajaron, pero se mantiene activos por la crisis laboral.

Desde las 10 de la mañana los choferes de la línea 60 se movilizaron para pedir la absolución de los cinco trabajadores llevados a juicio acusados de “amenazas”. Este viernes se debía leer la sentencia final, pero el juicio pasó a un cuarto intermedio, luego de la lectura de los alegatos. La querella de la empresa Monsa pide condenas de 5 a 10 años, mientras que la fiscalía pidió 3 años y medio, mientras que la defensa insistió con la absolución. La audiencia se reanudará el viernes que viene, cuando se finalice con el trámite y se lea la sentencia.

“Están jodidos”, admitió ante Gestión Sindical una fuente cercana a la causa respecto a la situación de los trabajadores, que recordó que en el conflicto que dio origen a la causa se comprobó la presencia de barras bravas de Nueva Chicago intentando romper la huelga que llevaban adelante hacía varios días. “Es un disparate, los barras acusan a los trabajadores de amenazas”, dijo la misma fuente.

En aquel conflicto de 2015, iniciado en rechazo a despidos y suspensiones arbitrarias, los choferes decidieron circular los colectivos pero no cobrar los boletos –las máquinas iban apagadas y la gente viajaba gratis –, por lo cual la empresa llevó la discusión a la justicia. Primero denunció por “defraudación” a quienes realizaban esta medida, luego de otros delitos, incluyendo amenazas. Así lograron que se boqueen las cabeceras, y se dejaron de sacar colectivos.

A partir de esto, el conflicto se mantuvo más de 40 días, afectando a unos 200 mil usuarios. Luego que se levantó la medida, algunas causas siguieron, como una que instruyó la jueza María Fontbona de Pombo, que si bien dispuso la “falta de mérito” el año pasado mandó a investigar las pérdidas sufridas por Monsa durante los días que se hicieron estas medidas. “Es un muy peligros antecedente para todos los trabajadores, que pueden terminar en el banquillo de los acusados por hacer un reclamo salarial”, alertaron las fuentes consultadas.

En el sector transporte existe un conflicto abierto, que es un grave antecedente al de la Línea 60. Se trata de la Línea Este de La Plata, donde hay cuatro trabajadores detenidos en prisión domiciliaria luego de un grave conflicto. Se trata de Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, quienes fueron detenidos en abril de este año, por presuntos delitos cometidos durante una protesta del 16 de marzo de 2017.

Según trascendió, el hecho en cuestión habría ocurrido durante una jornada de protesta donde los choferes habrían abordado un micro de la propia línea para detenerlo en nombre de la manifestación.

Allí, se habría producido un enfrentamiento. Los empleados ahora detenidos fueron acusados de haber provocado “daños y robos” dentro de la unidad móvil. Hopy están beneficiados con la prisión domiciliaria, pero la causa sigue. “La detención de los compañeros, en el contexto que sucede, evidencia la inocultable voluntad del poder político de enviar un mensaje disciplinador, de carácter aleccionador, contra cualquier grupo de trabajadores o de organizaciones sociales que pretendan protestar en reclamo de sus derechos”, expresaron los trabajadores de la Este.

Los datos de conflictividad marcan un retroceso en cuanto a la cantidad, pero la persistencia en el sector privado se mantiene. Según los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la cantidad de conflictos laborales “se redujo significativamente en el segundo trimestre de 2019, tanto en comparación con el mismo período del año anterior (-21 por ciento) como en relación con el primer trimestre del año (-24)”.

“Este retroceso se explica por una disminución de la conflictividad en el sector público, principalmente a nivel provincial y municipal. Por su parte, la cantidad de conflictos en el sector privado se mantuvo relativamente estable, en magnitudes similares a las de los últimos tres años”, analizó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

La mayoría de los conflictos laborales se explica por reclamos vinculados a situaciones de crisis (despidos, suspensiones, deudas salariales). “Estos motivos estuvieron presentes en el 33 por ciento de los conflictos del sector público y en el 59 por ciento de los del sector privado”, informó el observatorio.

Por el contrario, agregó, “las demandas por aumentos salariales estuvieron presentes en apenas uno de cada cuatro conflictos, proporción que es llamativamente baja tratándose de un trimestre donde se concentra una parte importante de la renovación de los acuerdos salariales”.

En el sector privado, los despidos siguen estando a la cabeza de los conflictos. “Durante el cuarto trimestre, en el sector privado se registraron 70 conflictos de los cuales 51 ocurrieron a nivel de empresa y 19 a nivel de actividad. De la comparación interanual se observa un leve crecimiento interanual y caída en similar proporción respecto del trimestre anterior”, dice el informe del observatorio.

El principal reclamo estuvo asociado a mejoras salariales en las actividades: transporte de pasajeros, petróleo, transporte de mercancías y puertos. A nivel de empresa se registra un incremento interanual (16 por ciento) y una leve caída intertrimestral (7 por ciento). “Los conflictos registrados se asocian principalmente a situaciones de despidos y cierre de empresa. Es decir, en aquellos lugares de trabajo donde la demanda es el pedido de continuidad de las fuentes de trabajo”, destacó el trabajo.

Entre los lugares con conflicto censados por el Observatorio del derecho Social se encuentran las disputas en Interpack, Cravieri, Viluco, Elea, Agea, Zanella, Alba, Astra Evangelista, Electrolux, Bio Ramallo, Tecnomil, Finpak, Unilever, IATEC, Carem, Ingener, Pepsico, Loma Negra, entre otras.