Ante una CGT que cede, los empresarios le insisten al Gobierno con «la industria del juicio»

Mientras esperan la convocatoria formal al diálogo con la CGT por parte del Gobierno, presionan por más flexibilización laboral.

Los empresarios más poderosos del país piden que Javier Milei avance en acciones concretas para terminar con la litigiosidad laboral, eso que denominan “industria del juicio”, mientras esperan que el Gobierno los convoque a la mesa de diálogo tripartito en la que estarán también representantes del Gobierno y el sector más amable de la CGT.

En la calle Azopardo ya escucharon los planteos y saben que estarán sobre la mesa en el próximo conclave pero remarcan que no es necesario que se avancen en nuevas modificaciones.

De hecho, un importante cuadro sindical indicó que ya obtuvieron muchos cambios “a pedido” en la reforma laboral de la Ley Bases, admitiendo de manera tácita que la CGT, en su perfil dialoguista y de búsqueda de consensos, ha cedido mucho.

“¿Qué más quieren?”, es la pregunta que se hace un pope sindical acostumbrado a hacerle concesiones al Gobierno, anticipando que puede haber tensión cuando las partes se reúnan.

Qué escuchará la CGT

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Se apoyan en una encuesta que realizó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) según la cual siete de cada diez empresarios aseguran que la litigiosidad laboral frena inversiones e impide la creación de puestos de trabajo. Es decir, en su propio punto de vista.

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La UART marca precisamente que “la información obtenida viene a confirmar objetivamente con números la amplia opinión de empleadores de diversos tamaños respecto del peso de los juicios laborales en la decisión empresarial”.

Las ART atienden su juego

Según el informe de la UART, que da por cierto lo afirmado por los empresarios, “la investigación confirma que la incidencia de la litigiosidad laboral en inversión y crecimiento y en creación de nuevos puestos de trabajo tiene un mayor peso específico en empresas de hasta 50 trabajadores, principales generadoras de empleo y en el interior del país”.

El estudio realizado entre 7 de octubre y 21 de noviembre en más de 5.000 empresas, también reconoce de manera implícita que las políticas laborales dispuestas por La Libertad Avanza generaron más demandas laborales en lugar de mejorar la situación.

La UART «vuelve a alertar que en 2024 se estima el ingreso de 128 mil nuevas demandas solo por riesgos de trabajo (9% más que en 2023), a las que se suman las vinculadas a las causas laborales (como despidos)”.

La entidad que agrupa a las ART indicó que “la población económicamente activa de nuestro país, alcanza 23 millones de personas. De las cuales únicamente 10,2 millones tienen un empleo formal en relación de dependencia y otros 3 millones son trabajadores independientes registrados. Por lo tanto, hay 10 millones más de personas que trabajan en la informalidad”.

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“La amenaza judicial torna casi imposible su ingreso a la formalidad”, es la particular conclusión del informe de la UART que no analiza otros parámetros como la situación económica general o la falta de controles.