Caso Marita Verón: quiénes son los dos sindicalistas procesados y embargados
Caso Marita Verón: dos dirigentes gremiales, procesados y embargados por “encubrimiento agravado”
Están acusados de tener imágenes del cadáver de la joven desaparecida en abril de 2002 en Tucumán y de usarlas con fines extorsivos.
La Justicia Federal de Tucumán imputó y embargó a dos dirigentes sindicales por «encubrimiento agravado» en el caso de María de los Ángeles «Marita» Verón, desaparecida hace más de 20 años. Susana Trimarco, la madre de Marita, había anticipado que «Luz y Fuerza y otros gremios pequeños» estaban «involucrados».
Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par de Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes ya fueron convocados a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.
Según informaron fuentes cercanas a la investigación, los sindicalistas presentaron un escrito en un primer momento, y a partir de eso la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de «ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita, que habrían sido utilizadas como ‘extorsivas’ en una interna gremial».
El Juzgado Federal 1, a cargo del Juez Subrogante, José Manuel Díaz Vélez, no hizo lugar a los planteos de sobreseimiento realizados por la defensa de ambos gremialistas.
La madre de Marita Verón lo había anticipado
Además, dispuso el embargo de cinco millones de pesos para cada uno con el fin de garantizar el proceso penal. Por el momento, en tanto, no se decretó la prisión preventiva para los sospechosos.
«Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia», dijo Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.
Hay que recordar que en una conferencia de prensa brindada el 9 de agosto, Trimarco había anticipado sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición de su hija, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de «sectores gremiales».
Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Garmendia, Trimarco señaló por entonces que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos «existe o ha existido», porque en total son «diez personas» que revelaron la misma información, y confirmó que «Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados».
Por su parte, Garmendia señaló que «en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta».
Y, en charla con Télam, agregó que «de acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica».
Las pruebas de la extorsión
Además, añadió el abogado, Manzano habría contado en ese encuentro que «la documentación había llegado a sus manos a través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja interna por los afiliados».
Según informó un medio local, el mismo Manzano le habría expresado a Luna: «Mirá que tengo la carpeta con la foto de Marita Verón que ingresaron a tu gremio y a tu sanatorio, así que déjame de joder a la gente». Y lo amenazó: «Con esto vas a dejar de apretar a mis trabajadores, porque si no yo lo voy a llevar a la justicia».
Garmendia explicó que «se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta, y también sus dichos en la misma».
Luna fundó la clínica Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, y tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza. Murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19. La clínica quedó en manos de su familia.
Recompensa de $5 millones
Marita Verón tenía 22 años cuando la raptaron desde un auto, el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
El 16 de agosto, el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.
«Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante», indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.
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