En la batalla por los afiliados, ATE denunció a UPCN por «discriminación» con su obra social

Rodolfo Aguiar calificó de «extorsiva e inmoral» la decisión de Unión Personal de reducir prestaciones a quienes no aporten a UPCN.

Luego de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) resolvió reducir la cobertura de salud de Unión Personal (UP), su obra social, a los trabajadores que no estén afiliados al sindicato, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimaron al gremio que conduce Andrés Rodríguez a retrotraer lo que definieron como una “maniobra extorsiva, discriminatoria e ilegal”.

Si bien para la obra social la medida puede implicar mayores ingresos -ya que aquellos a los que se les reduce la cobertura deberían abonar copagos-, la motivación no es principalmente económica. Tiene que ver con la pelea por la representatividad gremial, que hoy tiene UPCN -el sindicato con más afiliados- y que ATE que creció muchísimo en los últimos años, quiere quitarle: son muchos los afiliados a ATE que a su vez están afiliados a Unión Personal.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó que la decisión de UP “es un manotazo de ahogado de Andrés Rodríguez. Debería saber que de esta manera no va a recuperar todos los afiliados que está perdiendo. Si quisiera detener la sangría del último tiempo, debiera dejar de firmar el 1% (en referencia a los aumentos mensuales que UPCN acordó con el Gobierno nacional) y empezar a pelear”. 

También calificó de “inmoral” la idea de “cobrar tarifas diferenciadas y dar privilegios en las prestaciones a quienes estén afiliados a su gremio”. Y exigió a la Superintendencia de Servicios de Salud que rechace este accionar.

Cómo afecta la medida

La obra social atiende a trabajadores de todo el Estado nacional y a municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente de su afiliación a un sindicato o el otro, o incluso a quienes no estén sindicalizados. 

Sin embargo, desde UP anunciaron que a partir del 1 de agosto quienes no estén afiliados a UPCN perderán el acceso a los centros de salud de alta complejidad que, hasta ahora, están incluidos para la totalidad de los beneficiarios.

“Ofrecer planes que no están aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud es violar toda la normativa interna de las obras sociales. Nadie puede inventar un plan nuevo, ofrecerlo o comercializarlo sin que haya sido aprobado por este organismo”, señaló Aguiar.

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Además, añadió: “Por eso es que también exigimos su inmediata intervención a las autoridades de la Superintendencia. Si ésta práctica la estuviera llevando adelante el empleador, tendríamos que hablar de una práctica desleal. Resulta increíble saber que esta no venga de una patronal, sino de un sindicato”.

También remarcó que “no tenemos que ceder a estas presiones. Están cometiendo un delito y van a tener que responder judicialmente. No sólo los dirigentes y las autoridades de la obra social, sino también el Gobierno si termina siendo cómplice”.

“Lo de UPCN es una joda”

Aguiar continuó con sus duras críticas, afirmando que “lo de UPCN es una joda. Gracias a ellos, el recorte de salarios es el mayor en la historia del sector público, y ahora le proponen a los estatales descontarles más para garantizar lo que por derecho les corresponde, que es el libre acceso a la salud. No tenemos que ceder en nada. Esta es una burda maniobra que no puede prosperar”.

Otra modificación que pretenden implementar los dirigidos por Rodríguez es que quienes no estén afiliados a UPCN deberán pagar más por cada consulta, estudio o tratamiento.

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Es por eso que ATE denunció una «flagrante violación al principio de no discriminación e igualdad de trato consagrado en la Constitución Nacional».

Esa maniobra se hizo al dividir el Plan Classic en dos: uno con el mismo nombre y el otro denominado Plan Classic Más, que incluye el acceso a los cuatro sanatorios Anchorena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a otros del resto del país.

En este marco, ATE también denunció que está modificación no fue aprobada por la Superintendencia de Servicios de Salud (organismo de control de obras sociales y prepagas), por lo que estarían incurriendo en una ilegalidad.