ATE insiste con el pase a planta de estatales y da por caído el régimen de ingreso de jerárquicos

El gremio aseguró que más allá de las elecciones seguirá pidiendo por la estabilidad de miles de trabajadores, un planteo que se extenderá a las futuras autoridades. Remarcan que los cargos creados son formas de “regularizar” los empleos. Además, aseguran que se cayó el llamado Registro de Alta Dirección Pública, un acuerdo del gobierno con UPCN para el ingreso de personal jerárquico. La entidad sindical de abogados del estado no confirmó esta noticia.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, el gobierno creó más de 300 cargos en el Estado, destinado a trabajadores de distintas dependencias, desde ministerios hasta direcciones y organismos descentralizados. La medida generó polémica, ya que a menos de 15 días de las elecciones la movida pareció un intento para garantizar continuidad laboral a simpatizantes del oficialismo. Pero desde ATE apoyaron la iniciativa, ya que dicen que es parte del pedido de regularización de miles de estatales que llevan años en situación precaria, y aseguraron que los beneficiarios llevan hasta 10 años en esa condición.

En estos días, el gremio insistió con su pedido de pase a planta en varias dependencias, y remarcaron que mantendrán este reclamo más allá de lo que suceda en las elecciones. Además, aseguraron que se cayó el llamado Registro de Alta Dirección Pública, un acuerdo del ejecutivo con UPCN para que ingresen a planta unos 2.500 jerárquicos, con salarios de hasta 250 mil pesos. Si bien en ATE confirmaron esta esta noticia, la entidad sindical que representa a los abogados del Estado dijo que este registro todavía no fue dado de baja.

El reclamo del gremio estatal para que los trabajadores sin estabilidad laboral puedan ingresar a planta permanente se intensifica en todas las dependencias, pese a que falta menos de una semana para las elecciones generales, donde todos los pronósticos aseguran que el oficialismo actual perderá. ATE quiere regularizar la situación de miles de empleados, y negocia con la secretaria de Modernización.

La idea es lograr la creación de cargos para garantizar la estabilidad laboral de trabajadores con hasta 10 años de antigüedad, como sucedió la semana pasada con los 313 cargos creados, y que algunos opositores interpretaron como nuevos espacios en el Estado. En estos días, se intensifican los pedidos, en dependencias de todo tipo.

En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por ejemplo, hubo una asamblea en el edificio central del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reclamó este beneficio. “Hasta el momento no tuvimos pase a planta permanente, tenemos más o menos 150 trabajadores en situación irregular que queremos garantizar su continuidad”, le dijo a Gestión Sindical el coordinador nacional ATE-ANAC, Marcelo Belelli.

En la asamblea se confirmó que la ANAC tiene esas vacantes para utilizar, pero que las autoridades no responden a los constantes pedidos. “Si no hay pasa a planta por lo menos le reclamamos a las autoridades que pasen a esos trabajadores a lo que llamamos artículo 9, que es una forma de contratación en blanco que tiene el Estado”, dijo Belelli. La mayoría de estos 150 empleados son monotributistas “totalmente precarizados”, y pese a los pedidos no hubo avances en la materia. Cabe recordar que en la ANAC hay un largo conflicto por las condiciones laborales, y hay una conciliación obligatoria vencida, por lo cual pueden realizarse medidas de fuerza en cualquier momento.

Este conflicto se da en un contexto sectorial especial, donde ATE-ANAC y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA9 vienen desarrollando una campaña de protesta contra la política aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri, lo que genera tensión con las autoridades. El objetivo del gremio, dijo Belelli, es que durante la actual gestión del gobierno nacional “se contemple los procedimientos de paso planta permanente como así también la discusión de un convenio colectivo de trabajo sectorial”.

Los pedidos a pase, que implican creaciones de cargos, se confundieron con el Registro de Alta Dirección Pública, un acuerdo del gobierno nacional con UPCN para la creación de 2.500 puestos jerárquicos. La iniciativa es rechazada por ATE, que asegura que la medida busca “condicionar la gestión que vendrá en diciembre”. “Por el momento no hay avances ni se lograron nombramiento, nuestra oposición es total, rechazamos este acuerdo que se hace a espalda de los trabajadores”, remarcaron fuentes estatales ante la consulta de Gestión Sindical. Incluso, hoy lunes el gremio emitió un comunicado donde dio por caído ese registro.

“Finalmente el gobierno en manos de Modernización devuelve el acta complementaria que ATE firmó el 22 de agosto. En aquella oportunidad dimos por nula la situación del acuerdo de Alta Dirección Pública modificando al Convenio Colectivo SINEP, exponiendo que en la comisión paritaria central la resolución debe ser por unanimidad, y no por acuerdo de una de las partes sindicales”, explicó el comunicado emitido por el sindicato, donde explica su oposición.

La creación de cargos de la semana pasada “nada tiene que ver” con este registro, insisten en ATE. El Registro de Alta Dirección Pública es una iniciativa rechazada por el gremio estatal que da beneficios de estabilidad laboral a unos 2.500 estatales jerárquicos, con sueldos de hasta 250 mil pesos. Según dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general del gremio estatal, el registro tiene como único objetivo “coartar la carrera administrativa de la mayoría de los estatales nacionales y además establecer una camada de funcionarios que boicoteen las políticas de cambio de las próximas autoridades”.

La pelea de fondo que llevan UPCN –el otro gremio estatal que avaló el registro –y ATE es por quién tiene la mayor cantidad de afiliados. En la actualidad la organización que lidera el secretario de Interior de la CGT Andrés Rodríguez es el que tiene ese privilegio, que entre otras cosas le permite firmar las paritarias. Pero ATE dice que ese cotejo tiene más de 20 años de antigüedad, y piden que se haga uno nuevo para revertir la situación.

Además, el registro tiene un amparo judicial que todavía debe resolverse, presentado en su momento por la Asociación Gremial de Abogados del estado (AGAE), que también se despegó del acuerdo logrado por el gobierno y UPCN. “El amparo judicial presentado por nuestra entidad sigue en vigencia, y debe resolver la Cámara nacional de Apelaciones. Estamos a la espera de eso”, sostuvo Rubén Ramos, titular de la AGAE. Sobre la baja del registro, Ramos no lo pudo confirmar. “El decreto que homologa el registro está esperando la firma, así que por el momento no tenemos confirmación de que se haya dado marchar atrás”, sostuvo el dirigente ante la consulta de Gestión Sindical.

El amparo presentado por la AGAE reclama la “nulidad y la inconstitucionalidad” del registro, y si bien el juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo a cargo de José Ignacio Ramonet rechazó la presentación, la entidad insiste que todavía está vigente y debe ratificarse en segunda instancia.