Denuncia de la CGT: más de 100 despedidos hace un mes y medio aún esperan sus indemnizaciones

La CGT y el sindicato de químicos se refirieron a la situación en la fábrica de baterías para autos UnionBat, de Entre Ríos.

La regional Gualeguaychú de la CGT denunció que 100 trabajadores despedidos de la fábrica de baterías para automóviles UnionBat, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de la provincia de Entre Ríos, continúan sin cobrar sus indemnizaciones, más de un mes y medio después de haber perdido sus fuentes de trabajo.

A su vez, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP) intimó a la firma a pagar los sueldos adeudados e indemnizaciones que, según también informó, no fueron abonadas, habiéndose cumplido ya los plazos legales, incluso los relacionados con la conciliación obligatoria que se dictó.

“Los tiempos legales ya se cumplieron, ya se envió un telegrama intimando a la empresa que en 48 horas pague la indemnización y los sueldos adeudados”, informó Martín Gómez, prosecretario gremial del SPIQYP.

Todos despedidos y ninguna propuesta

A fines de junio, UnionBat informó que cerraba la planta de Gualeguaychú, lo que implicaba el despido de todo el personal. Desde el sindicato remarcan que muchos de los despedidos tenían entre 15 y 25 años de antigüedad en la firma, y también el hecho de que la ciudad ya venía golpeada por despidos en otras firmas del Parque Industrial.

La situación empeoró cuando finalizó el periodo de conciliación obligatoria sin que la empresa presentara alguna propuesta para solucionar la situación.

Los gremios acusaron a la compañía de utilizar este tiempo como una estrategia de desgaste, para afirmar recién en la última audiencia que, presuntamente, no tiene alternativas financieras ni productivas para sostener las fuentes laborales.

Para la CGT, la Secretaría de Trabajo falló

La CGT regional responsabilizó de manera directa a la patronal por no querer negociar pero también cuestionó con dureza a la Secretaría de Trabajo de la Nación por su rol ineficiente en el conflicto.

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En particular, la acusó de mantener una postura completamente pasiva frente a la crisis. Según denunciaron, el organismo estatal «no cumplió con sus funciones básicas de policía de trabajo, ya que no constata las irregularidades ni aplica las multas o sanciones correspondientes a las empresas que incumplen los compromisos».

La central obrera también denunció que la instancia de mediación oficial terminó convertida en una herramienta burocrática que «solo sirvió para hacer perder tiempo a los representantes de los trabajadores y profundizar el desgaste».

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Para la CGT, la falta de una posición firme por parte de las autoridades laborales dejó desprotegidos a los trabajadores y facilitó que se ignoraran la leyes.

Gualeguaychú en crisis

Ante la confirmación de los despidos masivos, la organización gremial se declaró en estado de alerta máxima y reclamó el pago inmediato de la totalidad de las indemnizaciones conforme a la ley dentro del plazo de cuatro días hábiles posteriores al cierre de la conciliación.

Asimismo, exigió la cancelación urgente de los salarios correspondientes a las quincenas atrasadas que la empresa adeuda al personal.

Otro punto de fuerte reclamo fue la restitución inmediata y puesta al día de los aportes destinados a la cobertura médica y la obra social, ya que se trata de pagos que UnionBat también interumpió.

La CGT Regional Gualeguaychú convocó a la solidaridad de sectores comunitarios, políticos y productivos de la zona para acompañar el reclamo y confirmaron que van a continuar con medidas «hasta que cada operario perciba la totalidad de las sumas adeudadas y se garantice el respeto a los derechos laborales golpeados por las actuales políticas económicas».

En ese sentido, los Petroquímicos remarcaron que el modelo actual privilegia la especulación financiera y la concentración de capital por encima de la industria nacional.

«Muchas familias perdieron sus empleos en el Parque Industrial, esta situación afecta directamente la actividad económica de Gualeguaychú, en un contexto donde las fábricas pierden margen de maniobra frente al aumento de costos y la recesión del mercado interno», graficaron desde el SPIQYP.