Reforma laboral: ejecutivos y gerentes también pueden padecer las consecuencias

Cómo afectan a los cargos jerárquicos los cambios introducidos por la reforma laboral. Las indemnizaciones, un tema clave.

Las consecuencias de la reforma laboral libertaria se extienden más allá de la base de la pirámide: si bien los discursos -en contra y a favor- por lógica se centran en los trabajadores de menor categoría, más precarizados y a quienes más puede afectar la flexibilización, las nuevas reglas del juego -hoy en entredicho por decenas de fallos judiciales- las llamadas «Ley Bases» y «Ley de Modernización Laboral» cambiaron el escenario también para ejecutivos y cargos jerárquicos.

Lo que se presentó como un beneficio exclusivo para la «agilidad empresarial», hoy se traduce en una pérdida de cobertura legal para ceos, directores y gerentes de primera línea, quienes quedan expuestos a condiciones de despido mucho más laxas y menos costosas para las empresas.

Un punto central de este escenario es la modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según análisis jurídicos, la reforma permite que las empresas aleguen «justa causa» con mayor facilidad ante conflictos que involucren bloqueos o medidas de fuerza -el objetivo perseguido por el Gobierno con el cambio-, pero también introduce una zona gris para los cargos de confianza.

En su primer párrafo, el texto del artículo 242 expresa que «una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación».

El fin de las indemnizaciones

El impacto en las indemnizaciones es el eje de mayor preocupación en las oficinas de Recursos Humanos. La reforma introduce este fondo, un sistema inspirado en el modelo de la construcción (UOCRA) que permite sustituir la indemnización por un fondo acumulativo.

Para un gerente con salarios altos y años de antigüedad, este cambio representa una licuación potencial de su capital de salida, ya que el cálculo deja de ser una penalidad para la empresa ante el despido arbitrario y pasa a ser un costo previsto y mensualizado.

En términos simples: hasta ahora, despedir a un ejecutivo en relación de dependencia implicaba una indemnización elevadísima, mucho más alta que la de un trabajador sin jerarquía. Ahora, el costo para uno y otro sería el mismo, ya que en ambos casos la indemnización saldría del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado mensualmente a cambio de la reducción de aportes jubilatorios patronales.

Mercado laboral: sube la productividad pero no los sueldos

Esta reforma se da en un contexto de retracción económica severa. Según los datos procesados a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo, la gestión actual de Gobierno nacional registra una pérdida de aproximadamente 170.000 empleos asalariados registrados en el sector privado desde finales de 2023.

Esta caída, que se suma a las bajas en el sector público, configura un escenario donde la oferta de puestos jerárquicos también se contrae, mientras la reforma abarata su salida con la posibilidad de implementar el FAL.

Reforma laboral y ejecutivos autónomos

Otro aspecto crítico que menciona la normativa es la presunción de contrato de trabajo. Históricamente, si un profesional prestaba servicios para una empresa, se presumía la existencia de una relación de dependencia.

Con la nueva redacción, se abre la puerta a que directores y consultores jerárquicos sean encuadrados como «prestadores de servicios» autónomos (monotributistas o responsables inscriptos), perdiendo el derecho al aguinaldo, vacaciones pagas y, fundamentalmente, a la protección contra el despido arbitrario consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

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Desde los análisis técnicos se advierte que esta «modernización» no es más que un retroceso en la seguridad jurídica del trabajador, sin importar su lugar en el organigrama.

La caída del consumo y la parálisis de la actividad industrial —que según informes de la UIA y el INDEC sigue mostrando signos negativos— presiona a las empresas a recortar sus estructuras más costosas. Bajo el nuevo paraguas legal, esos recortes en la alta gerencia ahora se podrían realizar con una fracción del costo que tenían hace apenas un año.

En definitiva, la reforma laboral no distingue jerarquías al momento de desproteger e incluso los cargos ejecutivos están a merced de los resultados de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la CGT y por otros actores colectivos e individuales, que por ahora han conseguido medidas cautelares provisorias.