Conflicto y protesta de petroleros en Chubut.
El Sindicato de Petroleros Privados le había dado un ultimátum al grupo Pérez Companc. Conciliación obligatoria.
Luego de que el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut resolvió declarar el estado de alerta y movilización en toda la provincia, en respuesta a la incertidumbre que -según sostienen- rodea la continuidad operativa de Manantiales Behr, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria de oficio para evitar un inminente paro de trabajadores del petróleo en uno de los yacimientos convencionales históricos que fue recientemente vendido por YPF al grupo Pérez Companc.
El gremio había intimado a las compañías Pecom Energía y Santa Margarita LLC a presentar, en un plazo de 24 horas, un plan detallado de inversiones que contemple perforación y reactivación de equipos.
La decisión sindical surgió en un contexto de creciente preocupación por la falta de actividad en uno de los bloques históricos de la cuenca del Golfo San Jorge. El propio gobernador Ignacio Torres sigue de cerca una situación potencialmente conflictiva para la economía de su provincia y varias veces hizo declaraciones públicas pidiendo certezas, especialmente a YPF cuando se llevaba adelante el proceso de venta.
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Ahora que el traspaso se concretó, desde el gremio advierten que la ausencia de definiciones concretas pone en riesgo tanto la producción como la estabilidad laboral de cientos de trabajadores vinculados directa e indirectamente al sector.
La conducción sindical dejó en claro que el reclamo no se limita a anuncios generales, sino que exige compromisos específicos que incluyan cronogramas de perforación, reincorporación de equipos y garantía de continuidad para los servicios asociados a la operación.
El conflicto entre Pecom y los petroleros
Los orígenes del conflicto vienen de 2025, cuando YPF inició el proceso para desprenderse del área Manantiales Behr, en el marco de una reconfiguración de su portafolio.
Inicialmente, se firmo un preacuerdo para transferir el activo al grupo Rovella, aunque posteriormente se redefinió la operación porque el comprador no pudo asgurarse financiación para afrontar los pagos, y la titularidad pasó a una unión transitoria encabezada por Pecom y Santa Margarita, que en la licitación había quedado como segunda oferta de preferencia.
Este proceso estuvo acompañado por la intervención del gobierno provincial y del sindicato liderado por Jorge Ávila -actual diputado nacional-, quienes en su momento exigieron garantías de reactivación. Incluso, el gobernador Ignacio Torres llegó a plantear la posibilidad de revertir la concesión y que el yacimiento pasara al estado provincial si no se cumplían las condiciones mínimas de inversión.
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Ahora, con el traspaso consumado y en medio de la tensión creciente entre los petroleros y la conciliación obligatoria, el mandatario subió el tono nuevamente frente a las operadoras y anticipó que esta semana mantendrá una reunión con Pecom para exigir definiciones.
“Con un barril por encima de los 100 dólares, las operadoras tienen que invertir más en la cuenca”, afirmó Torres en declaraciones a los medios chubutenses. Y agregó: “No podemos permitir que esta oportunidad se diluya. El planteo del sindicato es también el de la provincia”.
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