El proyecto de ley libertario para hacerles un psicotécnico a candidatos y funcionarios ya llegó al Congreso
Mercedes Llano, la diputada del bloque libertario que presentó el proyecto.
La iniciativa es de la diputada nacional libertaria Mercedes Llano, quien negó que se trate de una forma de proscripción.
En el marco del debate de la profesionalización de la función pública y la «transparencia institucional» que colocó el gobierno de Javier Milei en agenda, la diputada Mercedes Llano, integrante del bloque de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa que establece la obligatoriedad de una «Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional» para quienes aspiren a los cargos en el Estado, empezando por el de Presidente de la Nación.
El proyecto no solo apunta a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, sino que extiende la exigencia a los legisladores nacionales electos y a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo (ministros y secretarios).
La propuesta busca garantizar que quienes conducen los “destinos de la ciudadanía” posean las «aptitudes cognitivas y emocionales mínimas» requeridas para el mando.
Más chequeos a una maestra que al Presidente
Uno de los ejes centrales es la comparación con la carrera administrativa y otros sectores del empleo público. Desde la gestión estatal, para Llano, resulta paradójico que un docente, un administrativo o un integrante de las fuerzas de seguridad deba atravesar rigurosos filtros psicofísicos para ingresar al Estado, mientras que los cargos de mayor jerarquía política carecen de tales requisitos.
“Resulta incongruente desde una perspectiva institucional y democrática que se exijan mayores estándares de aptitud psicológica funcional e integridad para cargos técnicos o administrativos que para quienes ejercen la conducción política del Estado”, señaló la legisladora mendocina.
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La normativa propuesta detalla que la evaluación consistiría en una batería de pruebas psicométricas estandarizadas y validadas específicamente para el contexto local. El enfoque no es clínico sino funcional: se busca medir rasgos de personalidad que tengan un impacto directo en el ejercicio del poder y la toma de decisiones críticas.
Entre los aspectos a evaluar se destacan el juicio ético, la regulación emocional y el respeto por las normas. El punto más llamativo es la detección de la denominada «tríada oscura» de la personalidad, conformada por el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica.
Estas herramientas, que ya se aplican con frecuencia en la selección de cuadros gerenciales en el sector privado, buscan «prevenir que personas con estructuras psicopáticas, falta de empatía y tendencia al beneficio personal ocupen posiciones donde el interés general debe primar».
La iniciativa libertaria y la «racionalidad decisoria»
Para evitar posibles persecuciones políticas o el uso de estos exámenes como «filtros ideológicos», el proyecto prevé que las evaluaciones sean llevadas a cabo por organismos especializados e independientes. Los dictámenes finales serían confidenciales, limitándose a informar la condición de «apto» o «no apto funcional».
Además, la iniciativa contempla un mecanismo de revisión ante un comité técnico interdisciplinario con la intención de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los candidatos y funcionarios electos, asegurando que la evaluación se mantendría así dentro de los parámetros de la ciencia psicológica y no se convierta en una herramienta de proscripción.
No obstante, hay un aspecto polémico en esepunto: para Llano, la democracia «no debe limitarse únicamente al acceso formal a las urnas», sino que debe asegurar la «racionalidad decisoria».
Según los fundamentos del texto, la incorporación de esta evaluación busca prevenir fenómenos nocivos «como la corrupción sistémica, el autoritarismo y el despotismo, que suelen germinar en liderazgos carentes de solidez ética y mental».
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