Lustramax: referentes sociales y de derechos humanos se solidarizaron con los trabajadores
La empresa desconoce resoluciones oficiales al tiempo que el reclamo suma apoyos sindicales, políticos y sociales. Y anticipa nuevas medidas si no hay respuestas concretas.
Un amplio colectivo de personalidades, referentes de derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales expresó su solidaridad con los trabajadores de Lustramax, quienes protagonizan un conflicto testigo contra despidos ilegales desde fines del año pasado. Entre quienes rubricaron un petitorio dirigido a la Justicia, aparecen figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Patricia Walsh y Elia Espen, junto a cientos de protagonistas comprometidos con conflictos laborales.
La declaración de respaldo se dio en medio de una situación que ya había trascendido el entorno de la fábrica para convertirse en un duro enfrentamiento entre derechos laborales y estrategias empresariales de desregulación en clave de la reforma laboral que quiere discutir el Gobierno. Con serias posibilidades de que se incremente si no existe respuesta a los empleados.
Los firmantes se solidarizaron con la huelga y denunciaron los despidos “ilegales” ejecutados por la empresa, que incluso rechazó cumplir con una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y se negó a reincorporar a trabajadores despedidos.
Según el texto de apoyo, “la represión patronal incluyó maniobras como la negación de ingreso a trabajadores a la planta y el involucramiento de fuerzas policiales provinciales para amedrentar a quienes permanecían en asamblea, además de notificaciones de despido a delegados de planta incluso después de la conciliación”.
Conflicto en Lustramax: el Gobierno, a fondo
La administración de Javier Milei decidió meterse de lleno. No solo defendiendo la posición de la empresa: también generó las acciones mediante las fuerzas de seguridad para asegurar el funcionamiento de la compañía. Mientras los trabajadores continuaron denunciando despidos y la «persecución» de la cúpula empresarial desde la planta de Lustramax.
Para el oficialismo, el escenario es propicio para mostrar y defender su proyecto de reforma laboral, con medidas concretas y culpando a los trabajadores. Por eso el último viernes, con una planta tomada por los empleados, efectivos de Gendarmería Nacional forzaron la salida de camiones, avalando la operatoria de la firma. Para el gremio y las organizaciones que acompañaron la protesta, este movimiento fue un salto cualitativo inédito, que buscó “disciplinar la protesta obrera y quebrar la resistencia”.
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El conflicto se inició a fines del año pasado, tras una serie de despidos que los trabajadores califican como fuera de la ley. La empresa avanzó sobre delegados y activistas, desconociendo instancias administrativas y judiciales, incluida la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Walter Correa. Lejos de retroceder, la patronal profundizó su ofensiva, respaldada por un operativo de seguridad que generó fuerte rechazo.
La posición del sindicato
Desde el gremio, el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín, remarcaron que Lustramax funciona como un laboratorio de las políticas que el Gobierno busca generalizar en la iniciativa que tiene dictamen en el Senado y que será discutida a partir del 2 de febrero. La flexibilización de derechos, la criminalización de la protesta y el uso de fuerzas federales para garantizar la producción aparecen como elementos centrales de una estrategia más amplia, alineada con el proyecto de reforma laboral del oficialismo.
Lógicamente, no pasó desapercibida la presencia de Gendarmería en un conflicto estrictamente laboral, lo que encendió alarmas en el movimiento sindical. “No es casualidad: cuando no pueden avanzar con consenso, lo hacen con represión”, señalan desde el sector, al tiempo que afirmaron que el objetivo de esta accionar del oficialismo es sentar un precedente para futuras disputas en el marco del ajuste.
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