Golpe para el Gobierno: la Justicia acabó la intervención de OSPRERA y le devolvió la obra social a UATRE
El fallo a favor de OSPRERA termina con una de las ofensivas más fuertes de la administración de Javier Milei contra los gremios.
En lo que representa un nuevo golpe político para el Gobierno nacional, y un freno a su avanzada contra los gremios, la Justicia Federal levantó la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y restituyó su control a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
El fallo del juez Sebastián Casanello puso fin a una intervención que tuvo como blanco a la segunda obra social más grande del país, con más de 600.000 afiliados. El control de OSPRERA era una pieza central en la estrategia oficial de disciplinamiento al mundo sindical.
Desde el inicio, la intervención fue presentada como una medida excepcional para “ordenar” la obra social. Sin embargo, con el correr de los meses quedó expuesto que no hubo mejoras en la atención, ni transparencia, ni beneficios para los afiliados. Por el contrario, se multiplicaron las denuncias por deterioro del servicio y desorganización.
Intervención de OSPRERA: una medida injustificada
La Justicia terminó confirmando lo que el gremio venía denunciando: no existieron avances judiciales que justificaran una medida extrema como el desplazamiento del directorio elegido democráticamente por los trabajadores.
Tras conocerse el fallo, el gremio que conduce José Voytenco celebró la restitución y apuntó directamente contra el sentido político de la intervención. En un comunicado, el sindicato sostuvo que la resolución “restituye la obra social a sus verdaderos dueños: las trabajadoras y los trabajadores rurales”.
Además, fue contundente al afirmar que “no había motivos reales para intervenir OSPRERA”, y remarcó que la medida respondió a una decisión política que nada tuvo que ver con la salud de los afiliados.
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La intervención quedó además manchada por numerosas denuncias de corrupción, con contratos y vínculos empresariales que salpicaron a figuras cercanas al poder, entre ellas a un socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Lejos de transparentar la gestión, la tutela estatal sobre OSPRERA abrió la puerta a negocios opacos y decisiones sin control de los afiliados. Desde UATRE sintetizaron la situación de manera contundente: “Mientras acusaban sin pruebas al gremio, hacían negocios con la obra social y empeoraban el funcionamiento del sistema”.
”La lucha continúa” en OSPRERA
Asimismo, advirtieron que la recuperación de OSPRERA no borra los daños provocados. “Recibimos una obra social deteriorada, con problemas graves que no generamos nosotros”, señalaron desde el gremio.
El comunicado cerró con una definición que marca el rumbo de lo que viene: “Este fallo es una victoria de los trabajadores, pero la lucha continúa. Vamos a defender la autonomía sindical y el derecho de los trabajadores rurales a una salud digna”.
En definitiva, y como fue señalado, lo más importante del hecho es el peso político que tiene, al ser un límite institucional a un Gobierno que ha hecho del ataque a los sindicatos una política sistemática, avanzando sobre convenios, representación gremial y estructuras de protección social.
La intervención era un mensaje de sometimiento al movimiento obrero, y su caída expone no sólo la debilidad de los argumentos oficiales, sino también el fracaso de una estrategia de confrontación permanente con los trabajadores organizados.
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