Jorge Macri busca la forma de no cumplir el fallo a favor de los cartoneros de CABA

Una jueza ordenó restituir el sistema de transporte. Si bien en el Gobierno hay dudas acerca de cómo seguir, Jorge Macri afirmó: «Vamos a apelar».

El conflicto entre los cartoneros y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, entró en un relativo impasse. La Justicia porteña falló a favor de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer de “forma inmediata” el servicio de transporte para los más de 3.500 recuperadores urbanos que había sido suspendido.

La decisión llega tras una semana de protestas que incluyeron un acampe con huelga de hambre en las inmediaciones del ministerio de Espacio Público y una movilización de 8.000 personas.

La convocatoria contó con el respaldo de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización que tiene como referentes a Juan Grabois y Alejandro Gramajo, secretario general y un hombre que se destaca por su capacidad de articular con distintos sectores.

En el GCBA todavía no indicaron oficialmente si va a haber apelación o no a la medida, pero sí lo hizo Jorge Macri en su cuenta de X, en la que calificó de «insólita» la resolución judicial y anticipó: «Vamos a apelar».

El fallo que enojó a Jorge Macri

La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Dra. Alejandra Beatriz Petrella, fue quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada en la acción de amparo presentada por la FACCyR.

En su parte resolutiva, la jueza dispone: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada disponiendo que el servicio de ‘traslado de material reciclable y transporte de recuperadores, operarios y choferes’ continúe prestándose en las condiciones previstas por las Resoluciones (…) Nro. 388-GCABA-MEPHUGC- del 8/05/25 (…) Ello, hasta tanto se dicte sentencia en las presentes actuaciones”.

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Entre los fundamentos del fallo, la magistrada resalta la arbitrariedad del accionar del Gobierno, que modificó un servicio esencial a través de “un correo electrónico simple y carente de firma”, sin un acto administrativo válido que lo respalde.

La jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado, y que la medida afectaba directamente “el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos; esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente”.

FACCyR: «Un derecho adquirido»

Previa a esta determinación del Juzgado, había habido un dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal en el marco de una acción de amparo presentada por la FACCyR, que reconoció la validez del reclamo y la esencialidad del transporte para el funcionamiento del sistema de reciclado con inclusión social.

Para la FACCyR, la decisión judicial llega como corolario de una “histórica semana de protesta” en la que llevaron adelante muchas medidas de protesta. Comenzaron con una serie de medidas un acampe de cinco días con huelga de hambre, encadenamientos y una movilización que congregó a miles de personas para “defender un sistema de reciclado con inclusión social que es ley en la Ciudad y un modelo a nivel internacional”.

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“El recorte no solo fue un ataque a un derecho adquirido hace 18 años, sino también un golpe directo a la economía de cada hogar cartonero. Los trabajadores, que perciben un incentivo de $390.960, se verían obligados a destinar hasta un 20% de ese ingreso en viáticos. Esta situación se ve agravada por la apertura de importaciones, que ha provocado una drástica baja en el precio del material reciclable, afectando directamente el bolsillo de las familias cartoneras”, precisaron desde la FACCyR cuando estalló la disputa.