Un sindicalista docente tiene que pagar casi $4 millones por provocar destrozos en una protesta
Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut.
El condenado es Daniel Murphy, secretario general del gremio docente de Chubut. Lo habían sobreseído en otra causa.
El secretario general del gremio docente Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy, fue condenado a pagar casi 4 millones de pesos por haber provocado daños en un edificio público durante una protesta sindical en junio de 2023.
La Cámara Penal de Trelew rechazó el recurso de impugnación que había presentado Murphy después de que la jueza Eve Ponce lo sentenció a un año de prisión en suspenso, por lo cual el sindicalista docente quedó condenado a ese año de prisión condicional y además, a afrontar las costas del proceso, que el Tribunal estimó en algo menos de $4 millones.
El Estado provincial fue el que inició la causa judicial, en la que acusó a Murphy de haber causado destrozos en una de las entradas del Ministerio de Economía de Chubut, en Rawson, durante una movilización, dos años atrás. En el mismo inmueble también funcionaban las oficinas de Infraestructura y la Fiscalía de Estado.
Tras el desarrollo de la primera instancia del juicio, en febrero último la jueza Ponce firmó la sentencia que ahora confirmó la Cámara Penal, por el delito de “daño agravado”.
La condena al docente de Chubut
El dirigente gremial recibió así la condena a un año de prisión en suspenso y, además, se le impuso el pago de las costas, que quedó estipulado en “40 módulos JUS” (la unidad de valor considerada por la Justicia) para su abogado defensor, Juan Manuel Salgado, y 30 para el letrado de la querella, lo que totaliza 70 módulos equivalentes a $3.758.470,80.
La fiscal Florencia Gómez argumentó que el sindicalista, como principal responsable de la protesta de junio de 2023, actuó de manera deliberada e irresponsable al romper a patadas un vidrio del hall del Ministerio, generando un peligro significativo en un contexto de manifestantes enardecidos.
“Su conducta -resaltó-, lejos de calmar la situación, propició un descontrol, poniendo en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar”.
En su acusación, la fiscal dijo que Murphy, debido a su amplia experiencia sindical, no solo comprendía las consecuencias de sus acciones, sino que además debió actuar con responsabilidad dado su rol de liderazgo.
«El hecho de que él, como figura pública, haya generado el daño en lugar de contener la violencia, muestra una escalada de riesgos que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves», indicó Gómez.
Una pena menor, por falta de antecedentes
La funcionaria judicial también destacó que Murphy, al ser un representante sindical con años de experiencia y con educación, no pudo alegar desconocimiento de las posibles repercusiones legales y sociales de su actuar.
“El hecho de que la acción haya sido realizada por quien convocó y lideraba la manifestación incrementó la peligrosidad del acto”, insistió la fiscal.
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Aunque la Fiscalía, basándose en esos argumentos, había solicitado una pena mayor, de tres años de prisión en suspenso, pesó el hecho de que Murphy no tenía hasta ahora antecedentes penales -en 2024 lo sobreseyeron en otra causa en la que había estado denunciado por el supuesto bloqueo a una estación de servicio.
El delito por el cual se lo condenó está contemplado en el Código Penal con una pena mínima de tres meses de prisión en suspenso y una máxima de cuatro años de cárcel efectiva.
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