Ley Bases: un informe muestra que la reforma laboral generaría más empleo precario

La CTA de Hugo Yasky remarcó puntos regresivos de la reforma laboral de la Ley Bases. Vacaciones, aguinaldo, francos fijos y otros derechos, en la cuerda floja.

En el marco del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, en la que se discute sobre la reforma laboral, y los movimientos sindicales se manifestaron en contra, se sumó al debate un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el equipo económico de la CTA de los Trabajadores, en el que describen las graves consecuencias que la ley tendría sobre el empleo formal.

Según declaraciones recientes de representantes de la CTA de Hugo Yasky, la reforma laboral planteada no aborda las necesidades reales de los trabajadores y podría socavar los derechos laborales adquiridos, así como fomentar la precarización del empleo.

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Asimismo, las analistas de CIFRA Mariana González y Ana Laura Fernández remarcaronlos trazos «antiestatales» del proyecto de reforma que, más allá de la promesa que le había hecho el Gobierno a la CGT, se redactó sin ninguna interacción con los gremios.

Según los representantes, la reforma incluida en la Ley Bases no ha sido debatida de manera suficiente con los actores relevantes, incluyendo a los sindicatos y trabajadores, lo que genera incertidumbre y falta de transparencia en relación con sus implicaciones reales.

En ese sentido, en el informe se detalla: “Afecta sobre todo derechos individuales de los trabajadores, aunque avanzan también en forma directa sobre algunos derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas”.

Una Ley Bases que anula derechos

De acuerdo con lo que describe CIFRA, la propuesta de reforma no ofrece garantías suficientes para proteger los puestos de trabajo existentes ni para promover la creación de nuevos empleos formales.

En lugar de ello, argumentan, podría facilitar el aumento de la informalidad en el mercado laboral argentino, a partir de una flexibilización laboral extrema que no solo elimina el castigo para el empleo en negro sino que fomenta formas de contratación precarias.

Concretamente, alertan que se trata de una reforma que incentiva de diversas maneras el no registro de relaciones de dependencia, al eliminar sanciones e indemnizaciones vinculadas con la no registración y, a la vez, habilitar formas contractuales no laborales que pueden enmascarar relaciones de trabajo, según expresan.

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En ese aspecto, denuncian como “monotributismo legal” o “uberización” -algo que vienen remarcando los sindicatos y centrales obreras- el item que versa sobre la figura de «trabajadores independientes con colaboradores».

Allí detallan que a tal «creación» se suman algunos cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas como tales.

También analizaron la extensión del período de prueba, durante el cual se puede despedir sin indemnización, y la ampliación de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada.

La CTA, en este contexto, habla de proteger y fortalecer el empleo registrado en Argentina «como parte fundamental del desarrollo económico y social del país».

Argumentan que cualquier reforma laboral debe priorizar la creación de empleos dignos y estables, así como garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos los trabajadores.

Los puntos clave de la reforma

Cabe mencionar que, en líneas generales la reforma puede sintetizarse en algunos puntos sobresalientes.

Uno de ellos es el que introduce la figura del «trabajador independiente con colaboradores» en establecimientos de hasta seis personas, de modo tal que una pyme podría emplear hasta cinco trabajadores sin registrarlos como tales, anulándole derechos tales como vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad, horas extra y horarios o francos fijos.

Tampoco está claro cómo se haría para evitar que una pyme más grande se divida en varias unidades de negocio (por ejemplo, que una pequeña empresa con 20 empleados sea «partida» en cuatro con cinco empleados cada una) para aprovechar de manera irregular esta forma de contatación.

Además, el proyecto de ley facilita la tercerización laboral, se amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, se eliminan las multas por la falta o deficiente registro de una relación laboral, y habilita el reemplazo de la indemnización por despido por medio de un fondo de cese laboral por medio de su inclusión en los convenio colectivo de trabajo