Chubut: quienes agredan a trabajadores de la educación y la salud podrían ir presos hasta 40 días

La Legislatura provincial aprobó una modificación del Código Contravencional. Desde la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) reconocieron que la violencia es uno de los «grandes problemas» a los que se deben enfrentar los trabajadores de la educación y destacaron la medida.

Con el objetivo de reducir los casos de violencia, la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto de reforma del Código Contravencional y estableció que quienes agredan a docentes o médicos podrán ser arrestados hasta 40 días.

Desde la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) reconocieron que la violencia es uno de los «grandes problemas» a los que se deben enfrentar los trabajadores de la educación y destacaron la medida.

La situación que atraviesan los médicos y el personal sanitario, es similar a la de los docentes «en los últimos años la violencia contra los médicos, personal de la salud y trabajadores de la educación, ha ido en ascenso en concordancia con la violencia que se refleja en la sociedad, excediendo todos los límites», aseguró el diputado de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, quien impulsó la reforma.

El legislador explicó que el personal que presta funciones en las escuelas, docentes y no docentes «ha comenzado a ser un blanco cada vez más común de las agresiones (verbales o físicas) tanto de los alumnos como de padres».

Por su parte, la secretaria general de la Regional Sur de ATECh, Carolina Flecha, valoró esta resolución y dijo que este tipo de situaciones de violencia en el ámbito educativo son uno de los «grandes problemas» que hay en la actualidad.

Si bien reconoció que el docente tiene resguardo de su integridad física dentro del establecimiento por una resolución que prohíbe el ingreso a la escuela de determinadas personas, no se contaba con ningún tipo de mecanismo que permitiera cuidar al docente cuando se retiraba del establecimiento.

«Hubo denuncias de docentes que los padres sabían hasta donde vivían y ahí se tenía que apelar a hacer una denuncia policial», explicó a El Patagónico; y aclaró que la Regional Sur recepcionó tres casos por este tipo de situaciones.