Dirigente del SUPA fue procesado, junto a 15 trabajadores, por bloquear el puerto de Buenos Aires
Se trata de Diego Corvalán, secretario gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Además, la Justicia federal le trabó un embargo por 8 millones de pesos.
El secretario gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Diego Ricardo Corvalán, fue procesado, junto a 15 trabajadores, por bloquear el puerto de Buenos Aires. Además, la Justicia federal le trabó un embargo sobre sus bienes por 8 millones de pesos.
La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Ramos, bajó la acusación de ser autor y coautores penalmente responsable de los delitos de abuso de armas y daño agravado.
La causa se originó en junio de 2020, cuando el SUPA fue responsabilizado de tomar por la fuerza el puerto de Buenos Aires. Varios sindicalistas, encabezados por Corvalán, habrían copado entonces la Terminal 4 y, además, presuntamente agredieron físicamente al personal de seguridad.
Durante esas jornadas de protestas que llevó adelante el gremio también se forzó el acceso a las Terminales Río de la Plata, donde arrancaron los portones de ingreso a esa estación portuaria, incidentes por los que también está denunciado penalmente el propio secretario gremial.
Otros problemas judiciales del SUPA
A estas acusaciones que se encuentran en manos de la Justicia se suman otros hechos que fueron denunciados por Florencia Arietto en la batalla judicial que viene llevando adelante contra el SUPA por los mecanismos extorsivos y violentos que despliega el gremio.
En noviembre de 2018 la Cámara Comercial porteña ordenó intervenir el sindicato de los portuarios y cancelar su personería gremial, además de decidir que se disponga la baja del registro de asociaciones sindicales en el Ministerio de Trabajo como consecuencia de la quiebra del gremio.
La Justicia comercial delegó esa tarea en la cartera laboral, pero el Ministerio de Trabajo encabezado entonces por Dante Sica no cumplió con el pedido de cancelar la personería gremial en el registro de asociaciones sindicales y tampoco concretó la intervención del sindicato, conforme a lo establecido en el marco legal aplicable al caso.
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Además, una vez que el SUPA acreditó el levantamiento de la quiebra la cartera laboral ratificó en el cargo a los dirigentes que llevaron al gremio de los portuarios a la bancarrota.
El SUPA está atravesado por la familia Corvalán. Su secretario general desde 2005 es Juan Corvalán, padre del ahora procesado Diego. Y los otros hijos de Juan también forman parte del gremio: Cristian es miembro de la Comisión Directiva y Rosana es la gerente de la Obra Social. Además, su yerno Federico es el letrado apoderado del sindicato.
Más antecedentes
El manejo de la entidad sindical por parte de la familia Corvalán fue denunciado ante la justicia en numerosas oportunidades.
En el año 2016, por ejemplo, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12 una denuncia contra Juan y Rosana por defraudación por administración fraudulenta, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Esta presentación fue previa a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenara la intervención del sindicato, incumplida luego por el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, en el año 2020 se presentó otra denuncia caratulada como «Corvalán, Juan Pedro y otros sobre defraudación por administración fraudulenta«, causa que lleva el número 2816/20 e inició su periplo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 26.
Hay que señalar que en ninguna de las dos causas se han registrado avances importantes hasta el momento.
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