23 de Noviembre
de 2024
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El presupuesto trajo una doble decepción para las obras sociales sindicales y crece el malestar

27. 10. 2022

Se votó en contra de la posibilidad de financiar prestaciones por discapacidad, un viejo reclamo de la CGT. Además, se dio de baja otra iniciativa que pedían los gremios.

La votación en particular del proyecto de presupuesto 2023 trajo una doble decepción para la dirigencia sindical, que en silencio trabajaba para lograr algunos beneficios para sus obras sociales. En primer lugar, los legisladores rechazaron dos artículos que permitían financiar prestaciones para afiliados con discapacidad.

Se trata de un viejo reclamo de la dirigencia sindical, lo que puso en alerta al sector, ya que ahora no se sabe de dónde saldrán los recursos para esas prestaciones, en especial las vinculadas con el transporte y la educación.

Además, no llegó ni siquiera a la votación una propuesta del bancario Sergio Palazzo para financiar un fondo de tratamientos espaciales a través del cobro de un plus a las prepagas, que reciben a trabajadores sindicalizados. Las dos cuestiones aumentaron el malestar en Azopardo. «Es un desastre», afirmaron.

En la madrugada del miércoles, cuando se votó el particular el proyecto de presupuesto, se rechazaron los artículos 127 y 128. El primero de ellos crea el llamado Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio, que manejaría el Ministerio de Salud nacional y atendería los tratamientos prolongados y de última generación, que suelen ser muy caros.

El segundo ítem incorpora «en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, para los importes cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1° de enero de 2023, a los sujetos que presten los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. Solo resultará de aplicación con respecto a las operaciones realizadas con obras sociales».

Ambos eran una forma de financiar a las entidades de salud de los gremios, un tema que viene generando mucha tensión. Antes de presentar la iniciativa, la cúpula de la CGT negoció con Sergio Massa recursos, que hasta el momento no terminaron de girarse.

«Es un desastre para las obras sociales», afirmaron varios dirigentes al conocer la noticia. El malestar de la CGT se hizo escuchar en varios espacios, y según pudo saber Gestión Sindical es considerado «una contradicción» porque en paralelo se le dio una suba extraordinaria a la medicina privada.

Durante la jornada de tratamiento del presupuesto, las versiones indicaron que había «buena disposición» para aprobar los artículos, pero con el correr de las horas esa posibilidad se fue diluyendo. Otro de los puntos que ingresó en la discusión fue otro tema histórico: la atención de los monotributistas.

Las obras sociales piden que se aumente el monto que reciben las entidades, en especial de las categorías más bajas, que son la mayoría que se atiende en este sector de la seguridad social. No hubo acuerdo, y la cuestión quedó en stand by.

Plus de prepaga

A este tema se le sumó otra propuesta que antes del tratamiento directamente se bajó del proyecto que se trató en el Congreso. La iniciativa del diputado nacional Sergio Palazzo buscaba financiar un fondo clave para las obras sociales a través de un plus en las cuotas de las prepagas.

El proyecto apuntaba a cobrar un 15 por ciento sobre el total de lo que recaudan de los trabajadores que traspasan aportes de obras sociales a prepagas, un extra que iría al llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de los reintegros a las entidades por los tratamientos de alto costo y complejidad. Ese adicional debería ser pagado por las empresas y no por el empleado, y era una forma de sostener esos tratamientos que implican un fuerte gasto para la seguridad social en general.

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Pero la propuesta no llegó al recinto. Según pudo saber Gestión Sindical, la presión de las empresas del sector tuvo que ver con la decisión. «Las prepagas alertaron rápidamente que ese 15 por ciento se iba a trasladar a las cuotas, y que se iba a terminar pagando por el empleado», recalcó una fuente consultada.

Además, desde la cúpula de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las empresas del sector privado, les adelantaron a funcionarios del gobierno que «judicializarán ese plus». Estas cuestiones, más el rechazo explícito de la oposición en la previa. Terminaron de sepultar el proyecto.

Malestar en alza

Estos dos rechazos aumentaron el malestar en las obras sociales sindicales, que vienen alertando de los problemas que se viven en el sector, respecto de la atención de los afiliados con los recursos escasos. En este sentido, recalcaron que además de los problemas por la falta de incorporaciones de trabajadores en blanco, que aumentan los fondos, hay un problema respecto de cuestiones como los medicamentos de alto costo y las nuevas tecnologías.

En este sentido, un trabajo de la UAS que circuló en varios despachos aseguró que «en 2010 estas drogas de última generación representaban el 8 por ciento del gasto total en medicamentos, mientras que hoy esa proporción se incrementó al 62 por ciento».

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Para colmo, en medio de esta discusión, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio el visto bueno para un nuevo aumento de las cuotas de las prepagas, que disparó el malestar de los gremios y de una parte del propio gobierno.

El incremento del 13,8 por ciento es el noveno del año, y se aplicará a partir de diciembre. A partir de la autorización de una nueva suba de cuotas subirán en el año un 113,8 por ciento, bastante por encima de la inflación.

«Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8 por ciento), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114 por ciento anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20 por ciento sobre la inflación anualizada», publicó en sus redes sociales Cristina Kirchner respecto a esta decisión.

Sobre esto, los gremios se sumaron: «Tiene razón, le dan un aumento a las prepagas y no cuidan a las obras sociales sindicales», dijeron desde los gremios, visiblemente molestos.

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