Los afiliados al gremio de lecheros comenzaron un paro en Lácteos Conosur (La Suipachense) y Arsa. Advierten que «no van a conciliar» con quienes no respetan sus derechos.
Ante la grave situación que están viviendo de falta de pago y maltrato laboral, trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) comenzaron un paro en las empresas Lácteos Conosur (conocida como La Suipachense) y Arsa.
La medida de fuerza comenzó este martes y ya advirtieron que no van a «conciliar con una empresa que no cumple con los derechos de los trabajadores».
Por otra parte, alertaron sobre un posible «show mediático» que podría producirse, en referencia a que aparezcan imágenes de leche tirada en las alcantarillas. Eso, afirman, «lo harán los empresarios, no los trabajadores».
Además, por medio de un comunicado de prensa, aclararon que el reclamo es realizado por exclusiva decisión de ellos, y que no fueron impulsados por el gremio que los representa.
«Pretenden sostener (los empresarios) que este es un paro por ocurrencia de la dirigencia sindical, lo cual no es así. Este es un paro de trabajadores y para los trabajadores. ATILRA nos brinda la asistencia, apoyo y el espacio legal y jurídico que la Constitución y la ley tienen previsto», explicaron.
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Lácteos Conosur y Arsa se dedican a la elaboración de alimentos refrigerados. Comercializan yogures, postres, flanes y gelatinas con las marcas SanCor (como Sancor Yogs, Sancor Vida, Sancor Shimy, Sancor Sublime, Sancor Flan Casero y Sancorito Gelatina Light).
Los empleados en lucha afirman que «estas empresas son propiedad, desde hace casi dos años, de Claudio Rafaniello y Manuel Fernández. Arsa se la compraron al Grupo Vicentin».
Y detallaron que «el paro obedece a cuestiones esenciales, como falta de pago de haberes y aguinaldos, falta de otorgamiento de vacaciones, contratos de trabajo eventuales en fraude a la ley laboral, falta de entrega de ropa de trabajo, incumplimiento absoluto de elementales normas de seguridad e higiene del trabajo y maltrato laboral».
También denuncian «desconocimiento de delegados electos, obstaculización de la actividad gremial, sanciones disciplinarias arbitrarias sin oportunidad que el trabajador sea escuchado, y retraso en el pago de las pautas salariales convencionales».
Asimismo responsabilizan a los empresarios de «no pagar los salarios que corresponden a la convención colectiva aplicable, tener que trabajar en un ambiente edilicio en condiciones ruinosas, y derivación de elaboración de productos a otras empresas habiendo capacidad de elaboración propia».
Cómo actuaría el Ministerio de Trabajo
Por último, otra grave acusación planteada en el comunicado es que «Rafaniello se queda en beneficio de su negocio con las retenciones de dinero que con destino a la seguridad social y que nos descuenta en nuestros salarios».
Y remarcaron que los sueldos «en algunos casos los paga cuando quiere», y destacaron que «a pesar de ello nuestra obra social sindical nos sigue proporcionando la cobertura de salud digna y de la calidad que nos merecemos como cualquier otra persona».
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Las situaciones detalladas son las que los llevaron a «parar las actividades, desde las 0:00 horas del día 12 del corriente, del personal de reposición y preventa de los establecimientos de Suipacha y Arenaza, en la provincia de Buenos Aires; y también en Córdoba Capital».
Por último, aunque la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto es inminente, según pudo averiguar Gestión Sindical la idea en la cartera laboral no sería dictar la conciliación obligatoria.
Según las fuentes, el Ministerio iría «fuerte» contra las empresas para que cumplan con el pago de los sueldos atrasados, deposite los aportes retenidos, y respete los demás derechos laborales.
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