El Gobierno vuelve a hablar de una reforma del sistema de salud y los gremios miran con desconfianza

En los últimos días se conocieron dos borradores para crear un sistema sanitario integrado, retomando la idea lanzada al inicio de la pandemia.

En el marco del Congreso Provincial de Salud, realizado el pasado fin de semana en la localidad de Mar del Plata, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, volvió a reclamar por una reforma del sistema sanitario, una idea que surgió en el 2020 impulsada por el kirchnerismo y en los últimos días cobró nuevamente fuerza.

A partir de un borrador que circuló en varias oficinas, el gobierno provincial busca instalar su propuesta, que es similar a la anunciada por Cristina Fernández de Kirchner, y que despertó bastante polémica.

No es el único proyecto que está dando vuelta en los despachos, ya que la propia ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, busca consensuar con los gremios y sus obras sociales una propuesta similar.

Ambas «generan desconfianza» en la dirigencia sindical, que dio el visto bueno a algunos cambios, pero que reclama fundamentalmente la millonaria deuda que mantiene el Estado con sus entidades de salud.

Los dichos de Nicolás Kreplak en Mar del Plata anticiparon que un sector del oficialismo irá este año por la reforma del sistema de salud. La propuesta fue elaborada hace un tiempo por la fundación Soberanía Sanitaria, entidad que funciona como una usina de pensamiento en materia de salud del kirchnerismo.

La misma, elaborada en 2020 fue actualizada y comenzó a discutirse en el reciente congreso. «La integración del sistema de salud argentino es necesaria porque uno de sus principales problemas es la fragmentación, que produce y reproduce la desigualdad en el acceso», destaca el borrador, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

El sistema de salud argentino, explicó el trabajo, está dividido en tres subsectores: el público, el de la seguridad social y el de la medicina privada.

«El primero se financia con las rentas nacionales, provinciales o municipales; el segundo, con los aportes de trabajadores y empleadores y el tercero, con las cuotas que pagan los clientes de las empresas de medicina prepaga», remarcaron desde la fundación.

A partir de esto, el borrador subrayó que «si bien la cobertura que provee el Estado es universal, el 36 por ciento de la población cuenta exclusivamente con la cobertura estatal».

«El subsector de la seguridad social, por su parte, pese a los altos índices de desocupación y de empleo informal sigue siendo el predominante, cubriendo al 50 por ciento de la población. Las empresas de medicina prepaga cubren al 14 por ciento, incluyendo a quienes les derivan sus aportes salariales y quienes abonan una cuota voluntariamente», agregaron.

«La desigualdad del sistema también se manifiesta por el carácter regresivo que tiene el gasto de bolsillo en salud. Es decir que en el gasto de bolsillo, las personas de menos ingresos gastan proporcionalmente más para acceder a prácticas o prestaciones de salud. Eso se ve en la diferencia entre obras sociales y entre diferentes planes de medicina prepaga en la cantidad de prestaciones cubiertas al 100 por ciento o en el descuento en medicamentos», cerró el borrador.

Propuesta a los gremios

Además de la propuesta elaborada por el entorno de Kreplak, existe otro plan para reformar el sistema de salud, que fue elaborado por el Ministerio de Salud nacional, y que ya fue consultados en charlas informales con los principales dirigentes sindicales de la CGT, empezando por el «ministro de Salud» de la central obrera, José Luis Lingeri.

«Propuesta para Integración del Sistema de Salud Argentino» es el título del trabajo que está analizando Carla Vizzotti con los gremios.

Entre los puntos destacados se encuentra la posibilidad de que obras sociales atiendan a pacientes de hospitales sin restricciones, a partir de un financiamiento estatal. También se limita la transferencia de aportes a prepagas, y se busca transformar el PMO, el programa de prestaciones que deben cubrir la seguridad social.

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Uno de los puntos acordados, es la creación de una agencia de tecnología médica, que autorice los nuevos medicamentos y otros insumos médicos. Esta propuesta está en el Senado desde el 2016, gracias a un acuerdo entre la CGT y el entonces ministro de Salud Jorge Lemus, pero luego se cayó su tratamiento.

Su misión principal sería evitar que la judicialización desfinancie las obras sociales, ya que en muchos casos se autorizan tratamientos o estudios experimentales.

En la actualidad, hay 292 obras sociales sindicales, muchos en graves problemas financieros a partir de la pandemia. Desde 2000, con la total desregulación de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga irrumpieron en esa puja, quedándose con los aportes correspondientes a los salarios más altos.

Ese fenómeno, que se denomina «descreme», desfinanció a todas las obras sociales, pero «perjudicó especialmente a las más chicas y pobres, muchas de las cuales desaparecieron», según recordó el paper de Soberanía Sanitaria.

Desconfianza

Por el momento, la mayor preocupación que tienen los gremios apuntan a los recursos necesarios para sostener la atención sanitaria. Según fuentes consultadas por Gestión Sindical, este año se necesitarán nada menos que 50 mil millones de pesos para «evitar el colapso del sistema».

Esa es la prioridad de la dirigencia, que en pandemia logró varios giros extraordinarios de fondos para hacer frente a la crisis sanitaria que generó el coronavirus.

Estos problemas financieros están vinculados a la fragmentación, que los dos proyectos en danza buscan finalizar. Como analizó el trabajo de Soberanía Sanitaria, «una primera muestra de la desigualdad que produce la fragmentación es la desproporción entre la población cubierta y la parte de la inversión total en salud que le corresponde a cada subsector».

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Según los últimos datos disponibles, que datan de 2017, «el gasto total en salud en Argentina es del 9,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y se distribuye de la siguiente manera: el 2,7 por ciento corresponde al Estado, el 3,9 por ciento a las obras sociales y el 2,8 por ciento a las empresas de medicina prepaga».

«Eso quiere decir que el gasto se concentra en el subsector privado, en detrimento del Estado y las obras sociales», concluyó el informe.