Alberto Fernández pidió que se investigue «sin demoras» la causa de la «Gestapo antisindical»
El presidente de la Nación también calificó al hecho de «definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible».
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió que se investigue «sin demoras» la causa conocida como «Gestapo antisindical», en referencia a la intención de armar causas judiciales contra gremialistas en los días en que María Eugenia Vidal era gobernadora bonaerense.
El máximo mandatario utilizó su cuenta personal de Twitter para referirse al escándalo desatado luego de la filmación hallada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde en una reunión con empresarios se ve al ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas proponiendo la maniobra.
Por medio de un hilo Twitter, Alberto Fernández recordó que en el inicio de su gestión denunció la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI, que incluía funcionarios nacionales pero, también, personas de la Justicia y socios políticos y comerciales del gobierno de Cambiemos.
Así, apuntando directamente a los funcionarios de la administración anterior, se preguntó: «¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en operador judicial?».
El contundente repudio de Alberto Fernández
El Presidente sostuvo que «esas preguntas exigen una respuesta», y afirmó que «el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible».
Por último, reclamó a la Justicia que investigue «sin demoras» ante «la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución».
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Su pedido de celeridad en la causa se produce justamente cuando desde el ámbito judicial se tomó una clara medida al respecto: el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitó la feria judicial para avanzar en el trámite del expediente.
Al adoptar esta decisión, y según indicaron voceros judiciales, Kreplak evaluó que «hay medidas que deben realizarse con urgencia» en el marco de la investigación abierta a partir de una denuncia presentada por la AFI.
Las fuentes remarcaron que el peso del expediente amerita garantizar que no haya «demoras» en la producción de pruebas que puedan «frustrar» la investigación y, por eso, el magistrado resolvió que «no hay margen para esperar a que finalice el receso judicial de enero».
El video que dio inicio a la causa judicial fue presentado ante la justicia federal de La Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse «la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical».
Un hecho escandaloso ligado con otra causa
Lo que se ve en la grabación es una reunión de junio de 2017 protagonizada por Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros ex funcionarios de la administración de Vidal y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.
En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -«cablear»- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.
La justicia bonaerense planteó la «evidente conexidad» de esa causa y la que se tramita en Comodoro Py por supuestas maniobras de espionaje ilegal desde la AFI del Gobierno de Mauricio Macri hacia políticos, funcionarios y dirigentes sociales.
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La Cámara Federal de La Plata envió al juez federal de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Martínez De Giorgi, una denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.
«Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi», sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.
La denuncia alude al supuesto inicio irregular de «investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios».
Para ello se habrían valido de «la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia», se recordó en el texto referido a la denuncia.
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