Vicentín, entre la estafa y la ruina: directivos presos, 4.000 sueldos impagos y plantas cerradas
Vuelve la tensión a Vicentín: la empresa cerró sus plantas y puso en duda el pago de salarios
Desde el directorio de Vicentín avisaron que no tienen plata para los salarios de marzo. Aceiteros ya advirtió que activarán las protestas.
La crisis que arrastra la empresa Vicentín desde al menos finales de 2019 sumó un nuevo capítulo: en esta oportunidad la empresa, con cuatro de sus directivos en prisión preventiva y acusados de estafa, decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Además no les pagó a sus 4.000 trabajadores los salarios de marzo, cuyo plazo para que sean abonados vence este lunes.
Frente a esta situación, el gremio de Aceiteros ya advirtió que si finalmente los trabajadores no cobran sus remuneraciones comenzarán con protestas. «Lo único que nos interesa es el mantenimiento de la fuente de trabajo, el mantenimiento de todos los puestos laborales y el pago de salarios», sostuvo el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).
La explicación que dio Vicentín es que no cuenta con recursos, por la parálisis de contratos de fasón (fabricación para otras marcas) que está sufriendo. Los mencionados contratos son por medio de los cuales la agroexportadora industrializaba granos ajenos, que era su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia.
Vicentín, en su peor crisis
A través de un comunicado de prensa, Vicentín señaló: “Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, frente a “un escenario financiero asfixiante” y la falta de respuestas de los inversores estratégicos. Y remarcó que se trata de “una medida de protección de los activos esenciales para una rápida reactivación cuando las condiciones lo permitan”.
La situación es crítica como nunca antes: sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. La semana pasada, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero nadie se presentó a la audiencia.
En el sector agroindustrial, la decisión de Vicentín fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores.
La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. La debilitada Corte Suprema de Justicia de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva.
A todo esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (Santa Fe), que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.
Prisión preventiva para cuatro ex directivos
La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro ex directivos de Vicentín: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti.
Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
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Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una «estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática» durante los años más críticos de la cerealera.
En este contexto, la industria aceitera nacional observa con extrema preocupación el desenlace del caso Vicentín. No solo está en juego la continuidad de una compañía histórica, que supo representar el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador.
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