Vialidad Nacional: calculan que si es eliminada, el Gobierno gastará hasta un 50% más que si la mantiene

El Stvyara elaboró un informe dirigido a los senadores que deben votar el rechazo o vigencia del DNU que le pone fin a Vialidad Nacional.

Una presentación realizada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) y dirigida a los senadores que deben votar el rechazo del DNU 461/2025 que pretende eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) estima que la eliminación de Vialidad Nacional le podría costar al estado entre un 15% y un 50% más de lo que gasta actualmente en sostenerla, al tener que pagarles a operadores privados por obras y servicios en las rutas.

Los trabajadores viales realizaron el informe destinado a cada integrante de la cámara alta, con el objetivo de que el Senado rechace definitivamente el DNU de Javier Milei, que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El Stvyara también confirmó que el próximo jueves 21 realizará una movilización para insistir en el reclamo de derogación definitiva que, en principio, tendría los votos del peronismo en su conjunto y de senadores que responden a gobiernos provinciales.

Graciela Aleña, secretaria general del Stvyara explicó que cada miembro del Senado recibirá un documento en el que se detallan las inconsistencias del DNU.

“Hay inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”, en ese decreto, dijo Aleña, y explicó que el DNU se basa en un informe de la Secretaría de Transporte (IF-2025-72925664-APN-ST#MEC) que “carece de sustento fáctico, contiene datos falsos y refleja un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”.

Las funciones de Vialidad Nacional

El Stvyara identificó que el informe omite casi 50 funciones críticas que realiza Vialidad Nacional, relacionadas con mantenimiento, control, seguridad, gestión, construcción, señalamiento, desarrollo y relevamiento, tareas clave como el control de peso y dimensiones de los camiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos que realiza la DNV «con correlación directa con la salud de quienes transitan las rutas y caminos del país».

Además, marcó que para el Estado sería entre un 15% y un 50% más costosa la contratación de terceros para realizar estos trabajos.

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La presentación emitida por el sindicato y firmada por Aleñá indica que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas” así como del aumento de costos para los gobiernos provinciales y municipales.

Asimismo, la sindicalista indicó que el cierre de la DNV “pone en riesgo la vida, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del Mercosur”.

¿Qué pasa con el impuesto a los combustibles?

El documento manifiesta que el decreto produce un riesgo a la soberanía nacional al perjudicar el desarrollo de una “red federal segura, continua y eficiente”. Por otro lado, agrega que genera un perjuicio al desarrollo económico al obstaculizar las exportaciones, el abastecimiento, la producción y la generación de empleo.

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Además, identifica un daño a la inversión pública y la seguridad vial. “La estructura operativa descentralizada con coordinación central permite una presencia inmediata en toda la red nacional asegurando su presencia ante eventos extraordinarios como ya lo ha demostrado en innumerables catástrofes”, califica.

El gremio también denunció que la retención de fondos que viene realizando el Gobierno al no transferir al Sistema Vial Integrado (Sisvial) lo recaudado por el impuesto a los combustibles, como debería hacer si respetara la ley -y que no hizo en todo 2024 ni en lo que va de 2025-, está acelerando el deterioro de las rutas, con impacto directo en la transitabilidad, la seguridad vial y las economías regionales, del mismo modo que la desfinanciación presupuestaria de la DNV.

“Necesitamos proveer seguridad jurídica para la existencia de la DNV y tranquilidad a las 5.200 familias que dependen de ella”, expresó la dirigente.