23 de Abril
de 2024
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Trabajadores de LATAM denuncian extorsión de la empresa para que acepten retiros

17. 07. 2020

Piden la mediación del Estado. Denuncian que la empresa presiona a empleados para que acepten retiros. De lo contrario, les comunicaron que los van a desvincular. Todo a pesar del decreto que prohíbe los despidos. Este mediodía hubo una nueva manifestación en apoyo a los 20 trabajadores que siguen en el hangar y el módulo mantenimiento, para evitar que la empresa fugue los aviones.

Por Claudio Garibotto

La lucha de los trabajadores de LATAM para preservar las fuentes de trabajo continúa, y la solución no aparece. Este jueves se habían reunido los secretarios generales de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos con el ministro de Transporte, Mario Meoni, y la titular de la ANAC, Paola Tamburelli. En ese encuentro se dialogó acerca de la crítica situación, manifestando “la necesidad de que se arbitren todos los medios que estén al alcance del Gobierno nacional, a través de sus ministerios, para que se hagan respetar la legislación vigente y los DNU firmados por el Presidente de la Nación, protegiendo a los empleados de LAN Argentina en su proceso de desvinculación y evitando de esta manera el atropello a los derechos de los trabajadores que intentan realizar de manera indiscriminada el holding LATAM”.

También se contaron las irregularidades “en cuanto a los depósitos de planes de retiro voluntario (PRV) que sufrieron varios compañeros y compañeras”, y se dejó abierta una mesa de diálogo en el Ministerio de Transporte.

Pero horas más tarde la empresa emitió un comunicado donde dejó en claro, una vez más, que “el cese de operaciones constituye una decisión tomada y es irreversible, tal como se expresara oportunamente a las autoridades de los diferentes ámbitos y se ratificara en la audiencia frente al Ministerio de Trabajo del paso miércoles 8 de julio”.

Este viernes Gestión Sindical dialogó con una de las trabajadoras afectadas, quien participó de una nueva protesta que se realizó al mediodía frente al aeroparque Jorge Newbery. “Desde el lunes que nos estamos manifestando acá, y lo vamos a seguir haciendo hasta que haya una solución, porque por ahora seguimos sin tener nada concreto”, explicó. Y detalló que “el Ministerio de Trabajo quiere que las partes negocien en el ámbito privado, pero acá no hay mediación posible. Porque tampoco es que esto se trata de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), sino que es un cierre, ya que quieren echar a todos. Están repartiendo retiros voluntarios de forma compulsiva. En realidad, son retiros involuntarios, porque extorsionan a los trabajadores para que los tomen”.

La misma trabajadora manifestó su incertidumbre con la resolución del conflicto: “Se pidió una medida cautelar de no innovar, pero no sabemos qué va a pasar con eso. El PPC fue rechazado por los sindicatos, pero el Ministerio no se expidió al respecto. Sólo instó a seguir negociando. Pero como decía la idea de la empresa es clara y busca el cierre.

De hecho, hay un comunicado de ellos donde queda en claro que ofrecen los retiros voluntarios y, además, se expresa que si alguien no lo agarra va a ser desvinculado”.

Al comienzo de la semana la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) había sacado un comunicado donde denunciaban “un nuevo avance del holding chileno-brasileño LATAM de vaciamiento patrimonial” y alertaban que la compañía preparaba la partida de, al menos, seis de sus Airbus 320. Y en la madrugada del martes una empresa tercerizada de mantenimiento mendocina, New Air, había comenzado las operaciones de “desprevención” necesarias para operar seis Airbus 320 de los trece que conforman la flota de Latam Argentina con matrícula local.

Como la empresa no tiene motivo para tercerizar el trabajo, porque cuenta con personal capacitado de la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos (USTARA) que encuadra a Técnicos y despachantes empleados por LATAM, se dedujo que se contrataba personal externo para sacar los aviones del país, en una maniobra de vaciamiento y en rebeldía con la orden del Ministerio de Trabajo nacional, que indicó que tienen que pagar los salarios adeudados.

Los trabajadores frenaron la maniobra con un acampe, porque son los activos de la empresa y deben permanecer en la Argentina hasta que se resuelva la situación del PPC o de una eventual quiebra. La empresa no se los puede llevar porque si la situación llega efectivamente a la quiebra, los trabajadores y otros acreedores tienen derecho a disponer del embargo de los activos.

Por eso los técnicos rodearon el hangar para impedir la salida de las aeronaves que, por su antigüedad, podrían estar valuadas en alrededor de 15 millones de dólares cada una y, en todo caso, representan una garantía para al menos el cobro de las indemnizaciones.

La versión de la empresa respecto a este punto fue expresada en el comunicado emitido el jueves a última hora, donde decía que están coordinando con las representaciones sindicales “los mecanismos pertinentes para efectuar el traslado de los aviones A320 que hoy se encuentran en el aeroparque”, ya que ese movimiento, aseguran, “era indispensable por el comienzo de las obras en el aeropuerto pero que no pudieron avanzar, por lo que los aviones permanecerán en el estado de preservación actual pero sin realizar las tareas periódicas futuras”. Y allí era donde se decía nuevamente que “con independencia del destino final de estas aeronaves, el cese de operaciones es una decisión tomada y es irreversible”.

Por otra parte, la trabajadora con la que dialogó este medio denunció el accionar de José Luis Musci, gerente de Ingeniería, Planificación y Materiales en LATAM Airlines, a quien calificó como “el encargado de amedrentar con rumores falsos y amenazas a los compañeros que están en los hangares, diciendo que la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) va a ingresar para sacarlos a la fuerza”. Sin embargo, como ella explicó, no piensa rendirse y seguirán con la lucha: “Esto empezó apoyando a los compañeros del hangar, pero el último fin es la preservación de la fuente de trabajo de todos los compañeros y también de aquellos que tuvieron que tomar el retiro voluntario de forma extorsiva. Somos 1.700 familias que estamos unidas y esperamos una respuesta por parte de los actores que tienen que darla”.

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