El Stvyara también va a la Justicia laboral para frenar la eliminación por decreto de Vialidad Nacional

El amparo por Vialidad Nacional fue presentado en el fuero que viene fallando a favor de los reclamos gremiales.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) que conduce Graciela Aleñá acudió a la Justicia laboral para intentar frenar el decreto de Javier Milei que dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los trabajadores de Vialidad Nacional decidieron así, seguir el camino que ya recorrieron la CGT, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las dos CTA, obteniendo medidas cautelares contra otros decretos del Poder Ejecutivo.

En lo que va del año, el Gobierno emitió decretos para eliminar el Día del Trabajador Estatal (425/2025) y limitar el derecho a huelga definiendo a casi todas las actividades como esenciales (340/2025). Los dos quedaron suspendidos por la Justicia laboral, que ya había actuado del mismo modo ante presentaciones contra la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 y la Ley Bases.

El Gobierno no cree que se trate de cuestiones meramente legales; su visión es que hay línea directa entre los sindicatos y la Justicia. Del lado sindical dicen que, simplemente, los decretos que emite el oficialismo “están flojos de papeles”.

Como explicó un importante cuadro sindical, la cuestión por la cual el Poder Judicial resuelve en contra del Poder Ejecutivo es sencilla: para modificar leyes hacen falta nuevas leyes, no se puede hacer por decreto. En ese sentido, citó como ejemplo el caso del feriado por el Día del Trabajador Estatal, que está consagrado en por la ley 26.876.

Un fallo a favor del derecho a huelga

Esta semana hubo novedades: la Cámara Nacional del Trabajo confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Moira Fullana, que declaró la invalidez constitucional de los artículos 2º y 3º del DNU 340/25 (el de las actividades esenciales). La presentación contra el decreto vino de la CGT.

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Concretamente, los magistrados Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado ratificaron la decisión de Fullana, quien consideró que el decreto presidencial violaba principios constitucionales y usurpaba funciones del Congreso.

Coincidieron en que el decreto intentó modificar la ley 25.877, alterando el artículo 24 sin pasar por el debate legislativo correspondiente. El decreto de Milei, sostuvieron, no explicó por qué se evitó el Congreso y tampoco demostró una urgencia real.

«El Congreso perdería su rol si se aceptara que una crisis económica habilita a legislar por decreto», ratificaron los camaristas. También, subrayaron que el debate sobre qué servicios son esenciales corresponde al Parlamento.

La presentación por Vialidad Nacional

Con estos antecedentes, la secretaria general del Stvyara, Graciela Aleñá, realizó una presentación contra el decreto que elimina la Dirección Nacional de Vialidad.

Actuando con el patrocinio letrado de los abogados duardo Barcesat y Daniel Valmaggia, reclamó este martes, vía acción de amparo, “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”.

Se trata del decreto redactado por el ministro Federico Sturzenegger, del que se valió el presidente Javier Milei, para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.

El expediente quedó radicado, precisamente, ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de jueza Marta Rey.

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“Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el articulo 42 de la Constitución”, indicaron en un comunicado desde el gremio.

«Un toque de alarma para la vida de las personas»

La fundamentación se centra en que el apresuramiento en imponer este desguace del aparato estatal, “genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial”.

Además, tanto Aleñá como Barcesat argumentaron: “La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países”.