El gremio médico CICOP informó que la Justicia ordenó que la comuna retenga la cuota sindical a sus afiliados locales, algo que se viene reclamando desde 2021.
El Tribunal del Trabajo Número 2 de Mar del Plata condenó esta semana a la Municipalidad de General Pueyrredón por «prácticas antisindicales» y le ordenó que retenga la cuota sindical de los afiliados a la seccional local de CICOP. La conducción provincial del gremio celebró el fallo que pone fin a un conflicto que lleva varios años.
Desde CICOP explicaron: «A comienzos de 2021 nuestra entidad solicitó a la Municipalidad de General Pueyrredón que retuviera la cuota sindical de las y los afiliados conforme lo establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales. Las autoridades comunales negaron que CICOP tuviera ese derecho en razón de ser una asociación sindical simplemente inscripta, desconociendo los argumentos que se le expusieron».
Frente a la imposibilidad de vencer la resistencia municipal, el Consejo Directivo Provincial de CICOP instruyó al equipo legal del sindicato para que formulara un reclamo judicial y luego de un año y medio de tramitación, el tribunal de Mar del Plata dictó sentencia haciendo lugar a la demanda que se le presentara.
Conducta negativa
La resolución judicial entiende que la «conducta negativa y autoritaria de la municipalidad marplatense es abiertamente antisindical y que conforme a la ley vigente y a la jurisprudencia, todas las asociaciones sindicales, aún las simplemente inscriptas como es nuestro caso en la órbita municipal, tienen derecho a que la parte empleadora retenga la cuota sindical de sus afiliados y afiliadas».
A través de un comunicado, el gremio resaltó que «la sentencia judicial implica el reconocimiento legal al que es acreedor nuestro sindicato, desautorizando las políticas de desconocimiento y ninguneo que con frecuencia intentan imponer algunos intendentes bonaerenses».
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Un reclamo del mismo tenor presentado contra la Municipalidad de Esteban Echeverría había tenido respuesta favorable el año pasado, esperándose que en los próximos meses se resuelva de idéntica manera las causas presentadas en el mismo sentido contra los Municipios de Pinamar y Pilar.
Polémica en Jujuy
Por otra parte, desde CICOP repudiaron «enérgicamente» la violencia política y el hostigamiento hacia dirigentes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP) por parte de Pablo Baca, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, quien debió renunciar a su cargo como consecuencia de una denuncia de abuso sexual en marzo de 2020.
Baca tiene antecedentes de violencia de género hacia la secretaria Gremial de APUAP, Verónica Aramayo, por declaraciones de la misma en ocasión de la presentación en la Feria del Libro de una antología donde escribía este ex juez, mientras se invisibilizaba totalmente su imputación por el delito de violación.
Sumado a esto, en los últimos meses, el secretario general y el adjunto de dicho sindicato jujeño, Nicolás Fernández y José Cosentini, debieron hacer frente a una demanda legal por parte de Baca, justamente por la defensa pública que, junto a más de 150 organizaciones del más amplio arco gremial, académico, de derechos humano y de cultura, APUAP realizó de su Secretaria Gremial ante esta violencia.
«Nos solidarizamos con los dirigentes de APUAP, Nicolás Fernández, José Cosentini y Verónica Aramayo, y exigimos el fin del hostigamiento por parte de Pablo Baca», dijeron desde el gremio de médicos bonaerense.
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