SADOP denunció ante la OIT que el Gobierno nacional no convoca a la paritaria nacional docente

Por otro lado, el gremio de los docentes privados peticionó que se le exija al Gobierno dejar sin efecto las «restricciones al derecho de huelga de los maestros y profesores», establecidas por normativa interna de la Provincia de Buenos Aires.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un escrito para que se disponga «llamar la atención del Estado argentino» por el rechazo a realizar la Paritaria Federal Docente.

SADOP presentó una queja formal ante la OIT contra el Ejecutivo nacional por violación de la Libertad Sindical, «sobre las anomalías comprobadas y lo invite a tomar las medidas adecuadas para remediarlas».

Por otro lado, SADOP peticionó que se le exija al Gobierno dejar sin efecto las «restricciones al derecho de huelga de los maestros y profesores», establecidas por normativa interna de la Provincia de Buenos Aires.

Así apuntó contra una resolución de la gobernadora María Eugenia Vidal que el mes pasado dispuso un «pago extraordinario por única vez de pesos un mil ($ 1.000) en concepto de gratificación no remunerativa y no bonificable, para aquellos
docentes que hayan concurrido a dictar clases los días en que se han llevado a cabo las medidas de fuerza».

«La omisión y el acto denunciados –omisión ilegal y arbitraria del gobierno nacional de no convocar a la Paritaria Federal Docente, con manifiesto incumplimiento de un deber legal exigible de orden público- y la resolución del gobierno provincial implican una gravísima lesión de los derechos reconocidos a SADOP y a los maestros y profesores privados que representa», sostuvo el sindicato ante el organismo internacional.

Para SADOP, así se originó un «gravísimo conflicto colectivo, que ha afectado los derechos no solo de los educadores sino también de los alumnos, de los padres y en general de la comunidad educativa del país, alterándose la Paz Social del Pueblo de la Nación, por directa responsabilidad gubernamental».