Rescatan 35 trabajadores esclavos, entre ellos chicos, en campos de Santiago del Estero

Permanecían hacinados en carpas, sin agua potable ni electricidad. Entre ellos había dos niños y tres adolescentes. Les descontaban los gastos de comida, traslado y de elementos de seguridad.

La Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) de Santiago del Estero realizó una fiscalización en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la localidad de El Saladillo. Allí encontraron 35 trabajadores con indicios de explotación laboral.

Se relevaron 35 trabajadores que conformaban distintas cuadrillas que realizaban tareas de desmonte en el campo, contratadas por Carlos Ernesto Mansilla, quien no se encontraba inscripto en AFIP.

Trabajando en el lugar se detectó la presencia de un niño de 14 años acompañado por su padre, otro niño de 15 años que se encontraba junto a su hermano, y tres adolescentes de 17 años.

“Hay que subrayar la importancia que tiene la fiscalización del trabajo, porque nos permite detectar a trabajadores víctimas de explotación laboral y rápidamente iniciar las acciones correspondientes ante la justicia. Esas acciones se realizan junto a otros organismos estatales y a través de un trabajo articulado permiten avanzar en la restitución de los derechos de los trabajadores”, afirmó el Director del RENATRE y líder de los peones rurales, José Voytenco.

Los trabajadores permanecían hacinados en varias carpas montadas con palos o postes y lonas de plástico donde habitaban grupos de entre cinco y seis trabajadores en cada una. Contaban con situaciones habitacionales precarias, algunos dormían sobre colchones en el suelo y otros no contaban con colchones para dormir.

Tampoco disponían de energía eléctrica, cocina, heladera, instalaciones sanitarias, ni acceso al agua potable con las condiciones necesarias de higiene.

Ninguno de los trabajadores rurales se encontraba registrado en los organismos de la seguridad social. Los trabajadores que conformaban las cuadrillas declararon que les pagaban aproximadamente entre 500 y 600 pesos por trabajador por hectárea desmontada. Además, les descontaban del salario los gastos de comida, de traslado, los elementos de higiene y hasta el hielo para la refrigeración de alimentos.

Habiéndose detectado una presunta situación de explotación laboral se realizó la denuncia a la línea 145, dando además intervención a PROTEX. La denuncia quedó judicializada por Gendarmería Nacional ante la Fiscalía n°2 de Santiago del Estero.

A su vez, la Fiscalía dispuso el allanamiento del establecimiento con el objetivo de proceder al rescate de las personas víctimas de explotación y al secuestro de elementos relacionados con la investigación relativa a la presunción de trata de personas con fines de explotación laboral (en infracción a la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas).