Un proyecto de ley libertario busca evitarles problemas a Rappi y Pedidos Ya con sus trabajadores

Sostiene que entre las empresas y los delivery no hay ninguna relación laboral. 160.000 personas trabajan en plataformas como Rappi y Pedidos Ya.

Perdido en medio de los temas relacionados con la educación y la salud que dominaron la agenda del Congreso de la Nación, La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que busca impedir que trabajadores de plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya o delivery de Mercado Pago reclamen derechos laborales en relación con las empresas con las que trabajan, tales como salario mínimo, aportes jubilatorios o indemnizaciones por despidos o por accidentes laborales.

El texto elaborado por el diputado libertario bonaerense Santiago Santurio propone ponerle un marco legal a la idea de que los trabajadores de estas plataformas «son autónomos» y «no están en relación de dependencia».

Sostiene además que, en base a su proyecto de ley «los prestadores de servicios» -es decir, los repartidores- «definirán sus horarios de manera libre, podrán desconectarse en cualquier momento de la aplicación y tendrán derecho a trabajar para varias plataformas de forma simultánea».

Para Rappi y Pedidos Ya, pocas obligaciones

Con este marco, indica Santurio, las compañías que contratan sus servicios «no están obligadas a realizar aportes al sistema de seguridad social», aunque el proyecto explicita la posibilidad de que lo hagan de forma voluntaria.

La remuneración, dice la propuesta libertaria «estará fijada a lo pactado entre las partes, sin intervención estatal ni obligatoriedad de convenios colectivos».

“Darle rigidez a esta modalidad laboral sería ir en contra del interés de los trabajadores, que se incorporan a este tipo de empleo en busca de mayor libertad y flexibilidad”, expresó Santurio en los argumentos de su iniciativa.

De acuerdo a uno de los artículos, las empresas deben brindar al Estado información precisa sobre la actividad que realizan, deben resguardar la integridad física del prestador del servicio (aunque no se ofrecen detalles sobre qué compromisos tienen en este aspecto) y se consagra la responsabilidad solidaria de la plataforma en casos de daños a usuarios cuando falle en sus deberes de control.

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En torno al elemento de trabajo, corresponde al trabajador tenerlo en condiciones y con obligación de informar su ubicación durante su horario de servicio.

Para el diputado, es clave que exista un marco legal específico para las actividades y no se impulsen “fallos judiciales contradictorios que generen inseguridad jurídica tanto para trabajadores como para las empresas”.

Del ala de Karina Milei

El legislador insiste en que la realidad laboral de miles de personas en la Argentina no se puede desconocer y que va en paralelo con lo que sucede a nivel mundial.

En un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo se estima que hay más de 412 millones de trabajadores de plataformas en el mundo y que en Argentina ya representan una franja creciente del mercado laboral, con casi 160 mil personas, según un documento de la Universidad del Delta.

El autor es uno de los legisladores que mejor sintonía tiene con la Casa Rosada, y es respaldado por Romina Diez, una de las diputadas de confianza de Karina Milei.

También aparecen apoyando el proyecto los diputados Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, José Peluc, María Emilia Orozco y Gabriel Bornoroni, el presidente del bloque de LLA en la cámara baja.

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Desde la oposición y el sindicalismo ya mostraron obios reparos. Vanesa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria y referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu), dijo que “lo que los trabajadores de plataformas nos piden son condiciones dignas de trabajo, que no los bloqueen arbitrariamente, que un humano atienda sus reclamos, condiciones de seguridad, de higiene, de contar con un baño: cosas básicas, bajo principios generales de cuidados”.

De hecho, la legisladora tiene un texto en torno a la problemática que se llama “Ley de cuidado para trabajadores de plataformas”, un desafío regulatorio que tiene como eje la protección de la persona que trabaja.