Por problemas en las prestaciones, judiciales piden participar del saneamiento de la obra social

La Unión Empleados de la Justicia Nacional le pidió a la Corte Suprema ser parte del manejo de la OSPJN, ante las graves irregularidades.

Mediante un documento, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) le reclamó a la Corte Suprema de Justicia participación en el manojo de la obra social del sector, ante lo que consideran una situación de «abandono y desidia».

El gremio que lidera Julio Piumato reclamó medias concretas para sanear la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que desde hace tiempo está en la mira por el mal manejo de los fondos y los problemas en las prestaciones.

Hace unas semanas, el máximo tribunal difundió una auditoría que confirma las denuncias del gremio judicial, en el marco de una fuerte interna que existe entre los cortesanos, por el manejo de una entidad que lleva más de una década de cuestionamientos. Por el reclamo, y en el marco de la paritaria del año, la UEJN llamó a un paro de actividades para la próxima semana.

El pedido del gremio judicial apunta por un lado a tomar medidas para sanear la OSPJN, que incluya la participación de representante de los trabajadores para terminar con la interna que existe en la Corte Suprema por el manejo de la entidad.

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La demanda se basa en una auditoría económica, financiera, y de gestión realizada por una comisión designada, que según el documento enviado por la UEJN «da cuenta del absoluto estado de abandono y desidia en que se halla nuestra obra social».

El pedido fue enviado al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. «Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta, como en este tiempo que venimos reclamando por mejoras en una entidad clave para los trabajadores», le dijo a Gestión Sindical una fuente del gremio, que no ocultó el malestar de los empleados de la Justicia nacional por la falta de atención en materia de salud.

«La OSPJN viene en una debacle total, desde hace al menos 13 años que las prestaciones vienen en caída, y no hay respuesta a los reclamos», agregó la misma fuente. En este sentido, los judiciales se quejan de la falta de turnos para las distintas especialidades médicas, que pueden tardar «muchos meses», como uno de los problemas más importantes.

«Incluso hay operaciones que se autorizan el mismo día que deben realizarse, lo que complica la atención de los afiliados», insistió otra de las fuentes que dieron testimonio. Además de la cuestión prestacional, desde la UEJN critican la falta de transparencia en los recursos, que van desde «la falta de información a la falta de registros contables».

«No hay un registro contable formal, todo lo que se asienta se hace en papel, lo que a esta altura es increíble», recalcaron. Por esto, el gremio realizará un paro el próximo 15 de septiembre, de 9 a 10 horas.

Auditoría crítica

El reclamo del gremio judicial se basa en parte en la auditoría que realizó la Corte Suprema, ante los reclamos de irregularidades, y que se dio a conocer en agosto, y que analizó el maneo de la entidad entre el 2008 y el 2021.

La misma se dio por una denuncia penal por irregularidades, que hizo que el máximo tribunal en septiembre del año pasado apartara al director médico de la entidad, Aldo Tonón, que fuera designado por el ministro Juan Carlos Maqueda. A partir de ese momento la entidad de salud quedó en manos de la secretaría General de la misma Corte, a cargo de Daniel Marchi.

La Comisión de Auditoría desnudó la «inexistencia de registros formales respecto del personal, en cualquiera de sus modalidades de contratación». No obstante la falta de registros, ya en el informe de la Secretaría General, que ahora confirma la Comisión de Auditoría, se constató que «la planta total de personal se incrementó en poco más de dos años casi en un cincuenta por ciento».

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En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, prótesis y medicamentos, la auditoría comparó que «durante el año 2020 se llevaron a cabo 29 contrataciones directas y 21 licitaciones públicas, mientras que en el año 2021 las contrataciones directas ascendieron a 45, mientras que las licitaciones públicas sumaron 8».

En cuando a la denuncia, realizada por un empleado de la entidad, recayó en en la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, quienes a fines de septiembre de 2021 allanaron la sede de la OSPJN en busca de documentos y los equipos de telefonía usados por los empleados.

En paralelo a la investigación de la Corte, la justicia investiga si las empresas contratadas por la OSPJN, «Emergencia Médica Integral» y «Farmandat«, de traslados médicos y gestión de recetas, respectivamente, fueron funcionales a la malversación de fondos y la ausencia confirmada de más de 25 mil unidades de medicamentos.

Problema de fondo

La seguridad social en la Argentina vive un momento de crisis, que se arrastra desde hace años, y que la pandemia y la aparición del coronavirus profundizó. En paralelo al reclamo judicial, los gremios de la CGT están negociando con el Ministerio de Economía los fondos necesarios para garantizar las prestaciones por discapacidad, una vieja disputa que sigue sin solucionarse.

Esta semana los prestadores volvieron a reclamar por el retraso en los pagos, una situación que genera angustia en las familias.

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el país con datos del 2018, existen 292 obras sociales con alcance nacional que brindan atención de salud a más de 14 millones de afiliados. Junto con el sector salud (hospitales y centros asistenciales) y el privado (prepagas, clínicas y sanatorios), forman el sistema de salud nacional, en base a estas tres patas.