lunes 10 de mayo de 2021

Pidieron la destitución del polémico fiscal Scalera, acusado de perseguir a los Moyano y otros dirigentes que se opusieron al gobierno macrista

La ONG platense AJUS acusó a Sebastián Scalera de perseguir a jueces, fiscales y opositores a Macri.

La ONG platense Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó un pedido de destitución contra el polémico fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, a quien acusa por perseguir de modo ilegal a jueces, otros fiscales y líderes opositores. El fiscal acusado es uno de los funcionarios del Ministerio Público provincial más cercanos al actual procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

El pedido presentado por la organización señala que Scalera y otros fiscales “amenazaron, denunciaron y disciplinaron a los magistrados de distintos fueros, principalmente los del fuero penal, civil y comercial, a fin de lograr que se dictaran procesamientos, allanamientos y detenciones sin sustento jurídico contra opositores o para manipular la opinión pública”.

En la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, AJUS argumenta que Scalera y otros fiscales -subordinados de Lomas de Zamora, con el aval del procurador Conte Grand, instalaron un sistema de persecución contra opositores a los entonces gobiernos del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El escrito sostiene que la Procuración de la provincia de Buenos Aires promovió y permitió el lawfare en Lomas de Zamora.

Scalera, complicado

Desde AJUS explicaron que la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento tramitará el pedido, luego ordenará la recolección de pruebas a un cuerpo de instructores y, por último, comenzará el proceso de destitución. De ese modo lo establece el procedimiento para enjuiciar a magistrados y funcionarios. Es posible que el proceso de destitución pueda ocurrir antes de fines de 2021.

En la acusación, la ONG relata que la propia Comisión Provincial por la Memoria denunció ante la Suprema Corte que el fiscal Scalera había montado un sistema de inteligencia ilegal, con fuertes lazos con la Justicia federal y provincial para manejar causas. Y que ese sistema posibilitaba intimidar y presionar a magistrados y funcionarios judiciales, cuyas decisiones iban en contra de lo que querían las gestiones gubernamentales de Macri y Vidal. El máximo tribunal bonaerense pidió a Conte Grand que investigara a los fiscales acusados. Sin embargo, el procurador desoyó todos los pedidos y decidió protegerlos.

AJUS solicitó la destitución para Sebastián Scalera y sus fiscales subordinados, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert.

Un ensañamiento direccionado desde el macrismo

«Acomodaticio. Un fanático del poder de turno que hoy se está tatuando a (Julio) Conte Grand. Exacerba su fanatismo pendular, se va de un lado al otro. Es un esclavo de Conte Grand para ascender». Así definieron casi al unísono desde los tribunales de Lomas de Zamora y de Avellaneda a Sebastián Scalera, el fiscal general adjunto lomense que tenía la idea fija de meter preso a Pablo Moyano en el marco de la causa por supuesta asociación ilícita para defraudar al club Independiente.

Si bien la embestida judicial bonaerense contra Pablo Moyano -y también su padre, Hugo- no comenzó con este pedido de prisión de Scalera, las actuaciones de este último y los señalamientos respecto de su obediencia al procurador de María Eugenia Vidal no ocurrieron en un momento aleatorio.

El propio Mauricio Macri, semanas antes de que se conociera el primer pedido de detención ordenado por el fiscal, comenzó su serie de disparos a mansalva contra la familia sindicalista. «Hay que dar las batallas sin tener miedo, no es un momento para dudar», dijo el ex Presidente.

Sin embargo, en los tribunales de Lomas y Avellaneda no eran ajenos a la operatoria. «Está todo re contra manoseado, demasiado manoseado. Un quilombo. Demasiado manoseo. No se ordena más», sentenciaron en aquel entonces.

«Lo que está en duda es por qué interviene Scalera, porque la fiscalía natural es la UFI 3 del Polo Judicial de Avellaneda», habían expliacado.

Manejos turbios

La causa Independiente con la llave para ir contra Moyano «le cayó a Scalera» luego de que el fiscal general de Lomas de Zamora apartara en marzo de 2019 a los fiscales Viviana Giorgi y José Luis Juárez, que, aún cuestionados, venían siguiendo pasos procesales más «prudentes» que quien actualmente lleva la pesquisa.

Giorgi fue enviada a la división de Drogas Peligrosas del distrito mientras que Juárez a una fiscalía de juicio. «Los apartó hace como seis meses, cuando la causa todavía estaba en Lomas, los sacó de la fiscalía diciendo que estaban amenazados y no podían trabajar libremente», precisaron las mismas fuentes.

«Los dos fiscales lo negaron, y Conte Grand no los recibió y ahí viene todo el quilombo donde se pierde la notificación de Moyano, del artículo 60», recordaron, en una versión muy diferente a la difundida en aquel entonces, cuando se apuntaba que aquella determinación de Ferrari beneficiaba a los Moyano.

El resto de la historia es conocida. La jueza de garantías de Avellaneda, Brenda Madrid, sobreseyó en diciembre del año pasado al dirigente camionero y referente del Frente Sindical, al entender que «no existen elementos» para vincularlo a los delitos que se investigan.

La magistrada sostuvo que, de la prueba recolectada en la pesquisa, «no existen elementos que sindiquen la supuesta autoría o participación del encausado en los hechos imputados», según la resolución firmada hoy en la que hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensa de Moyano.

Ante esto, Madrid dispuso el «sobreseimiento total» del hijo de Hugo Moyano en la causa en la que había sido indagado, consignaron fuentes judiciales.

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