El gobierno arranca esta semana una ronda silenciosa de discusión con CGT.
El Gobierno pondrá en marcha esta semana la segunda etapa de su plan de contención de paritarias. Tras las quejas sindicales por la falta de cumplimiento de la promesa de reformular de manera integral el Impuesto a las Ganancias, la administración de Mauricio Macri avanzará con los fondos de las obras sociales, una concesión clave. Se trata, como anticipó este diario, de una negociación que involucra un fondo de más de $ 26 mil millones y que, en el corto plazo, apuntará a mejorar el financiamiento de las entidades sindicales con envíos parciales de ese total, a través de varios mecanismos.
La ventaja con la que cuenta el Gobierno es que ese debate incide más en los gremios con mayor número de afiliados y, por lo tanto, con un peso relativo superior para constituirse como referencia en las rondas paritarias. Por caso, sindicatos como el de Comercio, la UOCRA (albañiles), UOM (metalúrgicos), Uatre (rurales), Camioneros o Uthgra (hoteleros y gastronómicos) tienen algunas de las prestadoras de salud más grandes del país y sus discusiones salariales suelen ser faros para el resto del sector privado.
La discusión de esta semana, a cargo del superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino (un técnico designado en el cargo a pedido de los sectores más influyentes de las CGT), será de nula visibilidad pública, pero su resultado será determinante para el rumbo de las paritarias. Los dirigentes involucrados le dijeron a este diario que en la mesa de negociaciones habrá ítems impositivos, reintegros y fondos nuevos, y medidas administrativas reclamadas desde hace años.
Uno de los puntos comprometidos por el Gobierno, cuya implementación resultará un alivio inmediato a las finanzas gremiales, es el valor que les reconoce el Estado por la atención de jubilados derivados por el PAMI, que en la actualidad está por debajo de los $ 200 cuando cada afiliado aporta de sus haberes cifras cercanas a los 800 pesos, dijeron en la CGT. En la misma línea, se prevé un aumento de la cápita que pagan los monotributistas del régimen común y los sociales (con un plan estatal y que pueden elegir dónde recibir atención médica).
Otro rubro que depende sólo de la voluntad política del Ejecutivo es el valor de las prestaciones médicas y de los remedios de alto costo que la Superintendencia (SSS) les reconoce a las obras sociales como reintegros por la normativa vigente. En un contexto inflacionario y de devaluación, la fijación nominal de esos valores sin una actualización automática perjudica a los gremios por tener que absorber la diferencia de costos.
Dentro del capítulo de esos reembolsos, los sindicatos reclaman incorporar nuevas enfermedades y prestaciones a las que actualmente cubre el sistema con fondos públicos. De esa ingeniería en la CGT se encarga José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quien en los 90 estuvo a cargo en persona de los organismos estatales que distribuían fondos y que en diciembre ubicó a Scervino en la SSS.
Uno de los puntos centrales en la negociación pasa por el porcentaje retenido por el fisco a las obras sociales para la constitución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que supera los 26 mil millones de pesos. Históricamente los gremios derivaban el 10% de los aportes de sus afiliados con menores sueldos, o el 15% de los que tenían ingresos superiores. Al existir un límite nominal, su falta de ajuste llevó a que casi todos aportaran el 15 por ciento. Esa diferencia de cinco puntos es un reclamo central para drenar el FSR hacia los gremios.
El sindicalismo también volverá a la carga con un reclamo histórico: poner límites a los traspasos entre obras, que en general perjudican a las mayoritarias a expensas de las que establecen acuerdos con empresas de medicina prepaga. Un negocio de captación de afiliados que floreció en los 90 con la desregulación del sistema.
Fuente: Ámbito Financiero
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