Se podría hacer obligatoria la vacunación en estatales para fomentar el trabajo presencial
Algunas provincias analizan seguir los pasos de Jujuy, que dispuso que los trabajadores de la administración pública tengan que aplicarse al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19.
Mediante un decreto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, decidió que todos los estatales de la provincia tengan que obligatoriamente aplicarse al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 para volver a prestar servicios en el Estado local. La decisión es la primera que se toma al respecto en todo el país, en medio de una discusión que crece respecto de la posibilidad de limitar las actividades, incluyendo las laborales, que pueden hacer las personas que deciden no inmunizarse.
La medida del gobierno jujeño podría ser la primera de varias que se tomen en esta dirección, ya que varias provincias analizan dar ese paso. A nivel nacional, por el momento no está en la agenda la obligatoriedad de la vacunación, la cual creen «muy necesaria» para poder volver a la presencialidad masiva, como ocurre en otros ámbitos, como el educativo.
El decreto del gobierno de Jujuy se dio a conocer esta semana y comenzará a entrar en vigencia en los próximos días. Morales dispuso «la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios».
Para quienes no acrediten la inmunización a través de al menos una dosis de las vacunas, el decreto, al que tuvo acceso Gestión Sindical, establece que «salvo justificación por medio fehaciente e idóneo no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado».
El gobierno jujeño «invita» en el artículo 2 de la medida a la actividad privada a sumarse a esta iniciativa, en especial «el personal de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general». La decisión, que incluye además un «pasaporte Covid-19» para usar el transporte público, es la primera de su tipo, y se da en medio de versiones que hablan de darle cierto grado de obligatoriedad a las vacunas.
A nivel nacional, por el momento no aparece en el horizonte una medida así. «Hasta ahora no nos adelantaron una medida tan directa, ni de forma informal nos comentaron esto. Creemos que no será necesario, pero estamos atentos», le dijo a Gestión Sindical un dirigente gremial del Estado nacional. Por el contrario, el pedido de las organizaciones apunta «a alcanzar a más estatales con las vacunas, completar el esquema de vacunación pata garantizar una presencialidad segura en todos los organismos».
Presencialidad en discusión
La decisión de Jujuy parece que no será la primera, aunque en un primer momento generó controversia, y una marcha de pobladores en especial por la necesidad de tener una especie de «pasaporte sanitario» para viajar en el transporte público. La misma discusión se da en el ámbito laboral, donde en algunas empresas se cree que se podría tomar una medida similar, pero necesitan el amparo legal.
Para eso, el Ministerio de Trabajo analizar poner en vigencia una resolución que genere un marco legal al respecto, aunque no está claro el alcance. Por el momento, en el sector público no se espera una medida similar. «No vemos en perspectiva una decisión como esta, seguimos atentos a ver cómo sigue la pandemia, en especial con la aparición y circulación de la variante Delta, por lo cual seguimos pidiendo que se acelere la vacunación», afirmó el mismo dirigente consultado.
En los gremios confirman que en estos días muchas dependencias del estado nacional vuelven a la presencialidad, y hay temor de cómo impactará en la cantidad de casos. En este sentido, hay una resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público que habilita a todos los organismos del Estado nacional a convocar «al retorno a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación».
Pero nada dice de la obligatoriedad. «El problema central para los estatales es el traslado, a través del transporte público, es muy complejo, lo mismo le pasa a los docentes y otros trabajadores del estado, creemos que todavía no están dadas las condiciones para una presencialidad masiva», recalcó el dirigente consultado.
En otros sectores
La vuelta a la presencialidad en los distintos Estados disparó la discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas, algo que se está analizando en el mundo. Por el momento el tema está centrado en el sector público, ya que para el privado se espera que el Ministerio de Trabajo tenga alguna resolución futura que cree un marco legal para el tema, que genera controversia en los expertos, ya que las vacunas no están aprobadas definitivamente, sino en un marco de «emergencia sanitaria», por lo cual la obligatoriedad sería compleja en un primer momento.
En tanto, además de los estatales los docentes hacen punta en la discusión. Esta semana, al reanudarse el ciclo lectivo, la mayoría de las jurisdicciones lo hicieron con aulas abiertas. En la provincia de Buenos Aires, los gremios afirman que confían en las condiciones de seguridad y remarcaron que sólo lo harán los trabajadores vacunados. Así lo establece la Resolución 2516 publicada en el Boletín Oficial del distrito, donde se dispuso además que aquellos trabajadores «que habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse o inscriptas/os no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal podrán ser convocados a prestar tareas presenciales desde el día 9 de agosto».
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