21 de Julio
de 2024
Actualidad.

Monotributo social: el plan del Gobierno que podría afectar a más de un millón de trabajadores

14. 06. 2024

Si el Gobierno logra eliminar el monotributo social como pretende, 1.200.000 personas perderían su obra social y ayudas como la Tarjeta Alimentar y los descuentos de la SUBE.

La todavía posible eliminación del monotributo social que pretende lograr el Gobierno nacional es una muy mala noticia para los trabajadores de la economía popular. Si la medida se concreta, 1.200.000  personas perderían su obra social y ayudas como la Tarjeta Alimentar y descuentos de la tarjeta SUBE.

Además, quienes puedan pagar los costos para permanecer en la Categoría A y no quedar fuera del sistema económico deberían afrontar un aumento exorbitante, de más del 730%.

En el marco de la votación en particular de la Ley Bases, el Senado nacional aprobó el llamado Paquete Fiscal, que incluye la extensión del denominado monotributo social. Pero hay que señalar que eso no formaba parte del proyecto inicial presentado por Javier Milei al Congreso y votado en Diputados. Fue durante las discusiones en la cámara de Senadores que se añadió la propuesta.  

Una incertidumbre que se mantiene

Con 37 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó este jueves los cambios al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes incluidos en el título VI del Paquete Fiscal. 

Monotributo social, paquete fiscal, artículo 100
El Senado rechazó la derogación del Monotributo Social pero el Gobierno quiere anular el rechazo en Diputados.

El cuerpo legislativo rechazó el artículo 100, que derogaba el monotributo social,  y que representa la posibilidad de estar incluidas en el sistema económico que hasta ahora tienen las personas del sector más desfavorecido de la sociedad.

Sin embargo, el Gobierno ya reanudó la negociación en Diputados por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y cada vez se habla con más vehemencia de que buscará retrotraer todos los cambios que se hicieron en el Senado y que todo salga como se votó en la Cámara Baja, por lo cual los trabajadores informales siguen en la incertidumbre. 

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Por eso, por ejemplo, el grupo Monotributistas Asociados República Argentina (MARA) celebró el rechazo del artículo 100 pero lanzó una advertencia.

«A partir de que se apruebe la Ley de Medidas Fiscales habrá 90 días (que es cuando se implementaría su eliminación) para trabajar en una nueva figura del monotributo social -avisó-, por lo tanto la lucha continúa e invitamos a todos los monotributistas sociales a sumarse a los grupos de WhatsApp».

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman expresó por medio de su cuenta personal de X que todavía podemos salvar el monotributo social».

Y señaló: «Durante la votación en particular del Paquete Fiscal, la mayoría del Senado rechazó el artículo 100 que -con la complicidad de varios legisladores y el Gobierno- pretendía eliminar casi por completo el monotributo social».

La importancia del monotributo social

El monotributo social ofrece a los trabajadores de la economía popular la posibilidad de emitir facturas por sus productos y servicios, acceder a servicios de salud y al sistema de pensiones, pagando una cuota mensual significativamente menor que la de otros monotributistas. 

Si desaparece, aquellos inscritos en este régimen simplificado, destinado a trabajadores con ingresos bajos y facturación irregular, enfrentarán un aumento de su cuota mensual de 3.200 pesos a 26.600 pesos (un 731,25%) en la categoría más baja del monotributo general, tres meses después de que la ley sea promulgada.

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A diferencia del monotributo estándar, el social cuenta con una subvención del 100% en el pago de impuestos y contribuciones previsionales, y del 50% en servicios de salud. Por ende, sólo se abona la mitad correspondiente a los servicios de salud.

Este régimen también es compatible con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, pensiones que no excedan el mínimo jubilatorio y programas de inclusión social que coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social y ahora dependen del Ministerio de Capital Humano.

Y pueden inscribirse individuos que realicen una sola actividad económica independiente, empleados con salarios brutos menores al mínimo previsional o miembros de cooperativas de trabajo con al menos seis integrantes.

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