«Metrodelegados» recuperan la posibilidad de cobrar la cuota sindical por el sistema bancario

El Ministerio de Trabajo derogó una resolución del 2018 que prohibía a la entidad realizar el débito por los bancos para recaudar ese aporte de los afiliados.

En 2018, cuando Jorge Triaca era ministro de Trabajo, se decidió que las entidades gremiales con status «de inscripción simple» no puedan debitar de forma automática la cuota sindical por el sistema bancario. La decisión debilitó las finanzas de muchas organizaciones en esa situación, como los «metrodelegados», que comenzaron un proceso legal donde apelaron la decisión y recién esta semana, la cartera laboral dio marcha atrás con esta disposición, que beneficia a los sindicatos más chicos del país.

Según informaron mediante un comunicado los dirigentes de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni, “revocó aquella decisión administrativa del 2018, por estar viciada de nulidad”. “Las trabajadoras y trabajadores del Subte y Premetro que supimos organizarnos para defender nuestro salario y sortear todos los obstáculos que se nos presentaron durante el largo conflicto salarial del 2018, ahora recibimos esta buena noticia”, destacaron.

La decisión de Triaca le había ordenado al Banco Central que prohíba a todas las entidades bancarias la realización del débito directo o indirecto de toda suma en concepto de aporte sindical. «Esta disposición nos impidió cobrar la cuota sindical durante el mes de junio de 2018, ocasionando un perjuicio económico a nuestra organización que, en parte, fue amortizado por la decisión de cobrar la cuota en mano, en los lugares de trabajo», recordó el gremio que comanda Roberto Pianelli.

En aquel momento, la AGTSyP presentó un recurso de amparo contra esta decisión administrativa, una denuncia en la OIT y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inició acciones legales por amenazas e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Lucas Aparicio y Saglia Zamudio.

Consecuencias

La resolución de 2018 se había adoptado en medio de un extenso conflicto salarial con el gremio del subterráneo que en cuatro meses incluyó paros, aperturas de molinetes, charlas de los metrodelegados con los usuarios y hasta una medida cautelar a favor del sindicato de la actividad que el Gobierno porteño, como gestor del servicio, intentó desconocer. Aquel enfrentamiento derivó incluso en una denuncia penal de los metrodelegados contra Aparicio.

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Según las normas vigentes, los sindicatos con reconocimiento pleno o personería gremial tienen el derecho de que los empleadores oficien de agentes de retención de las cuotas de afiliación de sus empleados. En cambio, los que cuentan con un estatus inferior o simple inscripción, dependen de un acuerdo con los empleadores para garantizarse ese beneficio.

En el caso de la AGTSyP, enfrentada desde hacía años con Metrovías, el atajo había sido establecer acuerdos individuales con cada uno de sus afiliados para que las entidades financieras les debitasen directamente de sus cuentas sueldo.