Más sectores rechazan el plan de prácticas laborales en CABA: «Quieren abaratar costos laborales”
La CTA de Capital rechazó la propuesta de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusaron de ser «gerente de las empresas». El PRO va por más, y presentó una propuesta para llevar estas prácticas a todo el país.
El proyecto para que en el 2022 los estudiantes porteños de quinto año realicen prácticas laborales no remuneradas sigue cosechando rechazos entre los gremios y diversos sectores, que consideran que la medida es parte de un plan para «precarizar» las condiciones de trabajo.
Además de los sindicatos docentes, varias organizaciones se pronunciaron contra la propuesta, como la CTA Autónoma de Capital Federal, que durante un acto con educadores aseguró que la iniciativa busca «abaratar los costos laborales».
Además de las acciones gremiales, la propuesta desató «una guerra de proyectos»: mientras que el PRO busca llevar la medida a todo el país, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ya hay una propuesta para derogar el plan oficial.
Al rechazo inicial de los gremios docentes, se sumó la CTA Autónoma de Capital, que apuntó a Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña. «Se han convertido en los gerentes de Recursos Humanos de las empresas y quieren abaratar costos laborales y destruir derechos, tanto educativos como laborales», sostuvo José Peralta, secretario adjunto de la entidad, que encabezó un encuentro con diversos espacios para marcar su postura contra estas pasantías no remuneradas.
Peralta le dijo a Gestión Sindical que además hay que tener en cuenta que «los menores son entregados a un mundo laboral salvaje».
PRÁCTICAS LABORALES: LOS GREMIOS DOCENTES DE CABA ADELANTAN QUE HABRÁ PROTESTAS
Para Peralta, «es muy evidente que la mirada del gobierno de Rodríguez Larreta es para precarizar el trabajo y no para direccionar la educación». El proyecto establece que los alumnos de quinto año de la secundaria realicen estas prácticas, que no serán remuneradas, uno de los puntos más polémicos.
En este sentido, el dirigente de la CTA aseguró que «hay muchos aspectos que no se toman en cuenta, la principal de ellas es que los empresarios cualquiera sea el tamaño de su empresa o su condición de público o privado no están capacitados para tratar a menores y mucho menos para guiarlos y calificarlos».
«Para eso existe la carrera docente y toda la comunidad educativa», agregó Peralta, que advirtió que estas prácticas son un «avasallamiento a los derechos de los alumnos».
Falta de consenso
En el acto realizado por la CTA Capital participaron diversos sectores, como los educadores populares. Margarita Contarelli, del Bachillerato popular Salvador Herrera de Lugano, alertó que «se trata de anuncios hechos a través de los medios de comunicación, sin mediar consulta con la comunidad educativa, sin ningún tipo de información, sobre fin de un año marcado por suspensiones de clases, cambios de protocolos y exposición forzada a la circulación del virus en el ámbito escolar, entre otras cosas».
La falta de consulta a los gremios y los especialistas es otro de los puntos que genera controversia, ya que la pasantía y la práctica laboral se hará en el horario escolar, es decir, se sacarán a los alumnos de las escuelas.
En este punto, Contarelli preguntó si «está todo previsto para que unos 30 mil estudiantes puedan cumplir esas 120 horas de prácticas profesionalizantes de las que hablan las autoridades, ya se ha acordado con todas las empresas o instancias en las que se realizarían esas prácticas».
«Desde la óptica de quien se formó y ejerce la docencia, una práctica laboral real en todo caso debería ofrecer experiencias genuinas dentro de un marco regulatorio y de cuidado de nuestros jóvenes en lugar de que se transformen en rehenes de una experimentación caprichosa y poco transparente», finalizó Contarelli.
Guerra de proyectos
En tanto, la propuesta levantó polvareda en el ámbito legislativo, tanto a nivel nacional como local. En el Congreso, el PRO anunció que presentó una iniciativa para que las prácticas laborales se extiendan a todo el país.
La impulsora fue la flamante diputada nacional por CABA María Eugenia Vidal, que junto a otros nueve legisladores del bloque de Cambiemos presentaron en las últimas horas la iniciativa para que el esquema de para los estudiantes del último año de secundaria implementado por la Ciudad de Buenos Aires, «se replique a nivel nacional».
«Las prácticas educativas buscan generar mecanismos fluidos de interacción entre los establecimientos educativos y el mundo del trabajo, teniendo siempre como principal objetivo velar por los intereses educativos y pedagógicos del estudiante, entendiéndolo como el principal beneficiario de la relación educativo-productiva que se pretende crear”, sostiene el proyecto, en sus fundamentos.
Además, la iniciativa destaca la búsqueda de «un espacio formativo dentro de la cursada, que permita a los estudiantes identificar el objeto de la práctica profesional como el conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional».
En tanto, en la legislatura porteña la diputada del FIT-U y dirigente del gremio Ademys Amanda Martín pidió todo lo contrario: que se rechacen estas prácticas. La propuesta pide el rechazo de «las denominadas prácticas profesionalizantes y exige inversión en dispositivos y conectividad, infraestructura escolar y becas estudiantiles».
En sus argumentos, se expresa que «bajo el argumento falaz del desarrollo de nuevas capacidades, de la toma de decisiones y autonomía, y de estimular el pensamiento crítico y la creatividad, el jefe de Gobierno entrega a los estudiantes a una situación de extrema explotación laboral por parte de empresas que deberán inscribirse en un registro del cual no se conocen precisiones ni requisitos que deban cumplir».
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