Jornada de lucha de la UTEP, al cumplirse dos años de congelamiento del Salario Social Complementario
La UTEP protesta en todo el país.
La UTEP lideró a un amplio conjunto de organizaciones sociales que este martes se manifestaron en todo el país.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto con un conglomerado de organizaciones sociales que tiene sintonía con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, llevó adelante este martes desde la 10 una jornada nacional de lucha con acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos del Área Metropolitana y del país
El objetivo pasó por visibilizar lo que definen como un escenario de hambre creciente, deterioro social y pérdida acelerada de derechos laborales bajo el gobierno de Javier Milei, con énfasis en el congelamiento del Salario Social Complementario, que ya lleva 24 meses sin ningún aumento y el gobierno quiere eliminar en los próximos meses.
La medida se gestó hace una semana y, como definen en la UTEP, se enmarca en un plan de lucha unificado del sector y que coincide con la huelga que lanzó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En ese sentido, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, cuestionó con dureza el enfoque libertario centrado en una reforma laboral que, según afirmó, “no resuelve la creación de empleo con derechos”.
«No queremos comer gatos»
“No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto por sí sola la generación de trabajo digno. Cuando el gobierno dice que quiere avanzar con una reforma para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente terminó saqueando supermercados por hambre”, advirtió.
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El dirigente señaló que la situación social es alarmante, marcada por el endeudamiento de las familias para acceder a la comida, incluso recurriendo a prestamistas narcos en los barrios populares.
En ese marco, reclamó un modelo económico nacional basado en el trabajo y la producción, y volvió a insistir en la necesidad de crear un Estatuto del Trabajador y la Trabajadora de la Economía Popular, que reconozca derechos básicos a quienes se inventan su propio sustento ante la falta de empleo formal.
Salarios congelados y pérdida de derechos
Las organizaciones, en un comunicado que hicieron circular en las últimas horas, recordaron que, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se congeló el Salario Social Complementario (SSC) en 78.000 pesos, desenganchándolo de la actualización automática ligada al Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy fijado unilateralmente en 328.400 pesos, un monto que califican de “extrema indigencia”.
A su vez, denunciaron que el Ejecutivo busca desacoplar la AUH de la fórmula de movilidad previsional, lo que impediría su actualización frente a la inflación. Otro de los puntos críticos señalados por las colectivos sociales es la suspensión de la obra pública en más de 5.000 barrios populares, lo que paraliza los procesos de urbanización y limita el acceso a derechos esenciales.
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La apertura importadora, agregaron, está destruyendo unidades productivas textiles y empujando a miles de trabajadores a producir desde sus casas en condiciones de hacinamiento. La importación de cartón afecta directamente a las familias cartoneras, mientras que la agricultura familiar sufre el impacto del ingreso masivo de alimentos importados, remarcaron.
La UTEP denuncia violencia institucional
Otro punto de preocupación para la UTEP pasa por el crecimiento de la “violencia institucional” contra trabajadores del espacio público, que desde su punto de vista se intensificó, con estigmatización, persecuciones, decomisos y detenciones constantes.
Además, la desfinanciación de espacios sociocomunitarios deja a las familias sin contención y “facilita el avance del narcotráfico como prestamista de última instancia”.
Por eso, la UTEP y las organizaciones convocantes exigen, entre otros ítems, un aumento y continuidad del Salario Social Complementario, cuya eliminación en abril está en estudio por parte del gobierno, actualización automática de la AUH, que el Ejecutivo pretende desacoplar, y un bono de fin de año para trabajadores de la economía popular e informales.
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