Indemnizaciones: el Gobierno ya armó el modelo que las elimina y reemplaza por un sistema tipo AFJP

En lugar de las indemnizaciones habría «fondos de cese laboral» que cotizarían en el mercado de capitales. Negocio financiero para quienes los administren.

Una nueva polémica, y otro ataque directo a los derechos de los trabajadores. Eso es lo que representa el cambio en las indemnizaciones que quiere llevar a cabo Javier Milei, quien busca reemplazarlas por un fondo de cese laboral que cotizaría en el mercado de capitales.

Especialistas en derecho laboral ya advirtieron que provocaría más despidos, a la vez que denunciaron que se trata de “un negocio financiero”.

Con el mecanismo previsto por el Gobierno, que ya armó la resolución para empezar a formalizar el proyecto, los trabajadores no sabrían cuánto cobrarían en el caso de que los despidieran, más allá de su antigüedad. Sería un sistema similar a los de las AFJP.

De prosperar esta propuesta del Gobierno nacional, que la llevaría cabo a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya no habrá un régimen indemnizatorio donde el trabajador sabe qué cobrará en base un cálculo que tiene que ver con su antigüedad, vacaciones no gozadas y todos los rubros que están involucrados en una liquidación final por despido.

Según el plan del gobierno, las cámaras empresarias y los sindicatos deberán llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento de estas herramientas de mercado. Si bien hasta ahora no hubo expresión formal desde los gremios ni desde la CGT, se espera un fuerte rechazo.

Cambios en las indemnizaciones: los perjuicios

El plan está en marcha. Desde la CNV ya se estableció el proceso de consulta pública reglamentario y previo a la puesta en funcionamiento de los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral».

Allí, a través de un formulario online, se pueden manifestar opiniones sobre la creación de un marco normativo específico cuyo objetivo es implementar Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que puedan ser utilizados ante un despido, independientemente de la causa. Eso sí: esas opiniones no son vinculantes ni pueden moficiar nada.

“Es la máxima flexibilidad laboral posible, porque el empleador puede despedir sin tener que pagar nada más que el aporte obligatorio que hace mensualmente. Y entonces, las relaciones laborales se convertirán en el reino de la arbitrariedad y la prepotencia patronal”, señaló el abogado laboralista Luis Ramírez.

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Y agregó: “No importa cuánto dinero se puede llevar el despedido, importa la situación en la que quedan los demás trabajadores ocupados, con semejante espada de Damocles sobre sus cabezas. ¿Quién se atreverá a reclamar por un derecho o a postularse para delegado, en este escenario?”.

La convocatoria formalizada a través de la Resolución General 1066/2025 es requisito previo para la implementación del Sistema de Cese Laboral previsto en el Decreto N° 847/2024, que pretende dar por tierra las reglas que rigen el sistema de trabajo en el país a partir de los «PIC de Cese Laboral».

El despido será “un acto libre”

Para Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), “están creando un negocio financiero a costa de poner en riesgo un derecho constitucional de los trabajadores, el derecho a la protección contra el despido arbitrario”. 

Además, advirtió que “con este sistema, los trabajadores no tienen ninguna garantía acerca de la cuantía de su indemnización por despido. Y para los empleadores, una vez internalizado su costo, el despido va a transformarse en un acto libre, sin consecuencias patrimoniales”.

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Los PIC podrán adoptar la forma de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), pero deberán incluir obligatoriamente la expresión «Cese Laboral» en su denominación.

“Por ahora, todo está sujeto a lo que se discuta en la negociación colectiva, pero no habría que descartar que en el gobierno estén pensando en ir armando un sistema para que ya esté instalado frente a una nueva reforma laboral, que podrá venir por ley o DNU luego de las elecciones”, concluyó Campos.