Gremios porteños piden juicio político por el fallo de las vacantes en escuelas: “Es un certificado de pobreza”

Un colectivo de organizaciones sindicales y sociales quieren llevar a juicio político a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que avalaron que sólo se puede garantizar una vacante a un alumno cuando no puede pagar una escuela privada. Desde UTE hablaron de “Lawfare educativo”, y criticaron la decisión. Además, los sindicatos rechazaron la suba que plantea el gobierno de Rodríguez Larreta en subte y otros servicios.

Diego Lanese / Especial para Gestión

Desde hace años, la falta de vacantes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta a los gremios del sector y la comunidad educativa en general con el gobierno del PRO, primero con Mauricio Macri y ahora con Horacio Rodríguez Larreta. La falta de respuesta a la necesidad de cupos en los colegios públicos se volvió crónica, y los intentos de lograr respuesta fueron en vano. En el 2020, el año cerró con un insólito fallo que de alguna manera avala la falta de vacantes en alumnos que puedan pagar una cuota en el sector privado. Así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó una acción de amparo para garantizar una vacante a un niño de 2 años en el sistema de educación pública, revocando dos fallos de instancias anteriores. Ante esto, el gremio UTE junto a organizaciones sindicales, políticas y sociales iniciaron una campaña para pedir el juicio político de quienes avalaron esto, que se considera “un certificado de pobreza”.

Es que el tribunal aseguró que a los únicos alumnos que se les puede garantizar el cupo en el sector público es a aquellos que no pueden pagar la cuota del subsistema privado. El colectivo viene rechazando la llamada “mayoría automática” del máximo tribunal porteño, por lo cual además del fallo de las escuelas incluyó en el pedido otras causas polémicas.

Un importante colectivo de gremios porteños se sumó a la iniciativa para pedir el juicio político contra los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y acusados de funcionar como “una mayoría automática” en la Capital Federal, con fallos que favorecen al gobierno de Rodríguez Larreta. La decisión de no avalar los fallos que obligaba a darle un cupo a un menor de dos años en el sistema público generó sorpresa y malestar, y terminó de potenciar el pedido de enjuiciamiento. La presentación incluyó este fallo y dos más que son rechazados: el que declaró legal la obra alrededor del Palacio Roccatagliata y el que convalidó que se puedan vender tierras públicas sin autorización de la Legislatura porteña.

“Esta ‘mayoría automática’ destruyó los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la educación pública al establecer que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las personas que demuestren que no pueden pagar una escuela privada”, destacó el colectivo en la presentación, a la que tuvo acceso Gestión Sindical. Para los gremios, este fallo genera un “certificado de pobreza” en el sector público.

El pedido de juicio político fue lanzado por UTE y apoyado por varios gremios, como Ademys, CONADU Histórica, las CTA Autónoma de Capital Federal, SUTEBA, además de diversas organizaciones políticas y sociales, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional CABA y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), entre muchas otras. Para UTE, uno de los principales sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo es “vergonzoso”, y responde a una especia de “Lawfare educativo”.

En este sentido, fuentes del gremio le dijeron a Gestión Sindical que estos fallos habilitan “métodos de privatización y mercantilización” que lleva adelante la gestión de Rodríguez Larreta. En este sentido, desde el gremio que lidera Angélica Graciano vinculó este tipo de fallos con otras medidas “de persecución” del Ministerio Público Fiscal, que realizó denuncias penales contra dirigentes de UTE, y apuntaron a Juan Bautista Mahiques, titular de esa área. Cuando el sindicato habla de “Lawfare educativo” apunta a la denuncia penal que le hicieron a varios dirigentes por una protesta realizada en el marco de un plan de lucha.

“El fallo del Tribunal Superior de Justicia es un ataque a las familias que reclaman que se cumpla el artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública”, reclamó UTE en conferencia de prensa, cuando se conoció la decisión del máximo tribunal de CABA, junto a comuneros y representantes de centros de estudiante, cooperadoras y otras organizaciones de la comunidad educativa. “Semejante atropello se da en el marco del ataque del gobierno de Larreta y Acuña a las y los docentes a través de denuncias penales contra la secretaria general de la UTE Angélica Graciano y un grupo de integrantes de la comisión directiva del sindicato por defender la transparencia en los concursos de acceso a los cargos docentes”, agregó el gremio en esa presentación, realizada a fines de diciembre del 2020.

El cuestionado fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes. Los integrantes del Tribunal revocaron dos fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones a favor de la demandante al argumentar que el Estado “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite”, ya que esta falta de obligación es “con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”.

Ante esto, se hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definirá el tema. “Decidieron discrecionalmente hacer caso omiso a la claridad del mandato de la Constitución de la Ciudad que establece que la Ciudad ‘asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior’”, refutaron los gremios, en su presentación judicial.