Gremio judicial resiste el traspaso de la justicia a la Ciudad y habla de “desguace”

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) criticaron el anuncio realizado este jueves por el presidente Mauricio Macri, y se declararon en “estado de alerta y movilización”. “Quieren garantizar impunidad para los funcionarios”, afirma la dirigencia. Además, critica la falta de consulta a los trabajadores.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En su segunda conferencia de prensa de la semana, el presidente Mauricio Macri anunció la formalización del traspaso de parte de la justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una promesa de campaña que terminó de concretarse en ese acto. La iniciativa es rechazada por gremios del sector, que aseguran que la medida es un “desguace” del aparato judicial. Incluso desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se declararon en “estado de alerta y movilización”, y criticaron que se haga en medio de la feria judicial. “La medida busca garantizarle impunidad a los funcionarios”, dice la dirigencia, que también planteó los problemas laborales que esta decisión puede tener. Para el gobierno, el traspaso garantiza “una justicia más eficiente”.

El anuncio del presidente Macri fue recibido por los gremios con muestras de bronca, y no descartaron realizar medidas de fuerza. Para la UEJN que lidera Julio Piumato –secretario de Derechos Humanos de la CGT –la medida es “un desguace de la justicia nacional”, y afirmaron que es una medida “inconstitucional”. “Los trabajadores no hay sino consultados orgánicamente respecto del convenio que se firma”, dijo el gremio mediante un comunicado. Además, explicaron que los borradores de la metodología de traspaso que les presentaron los dos gobiernos –nacional y porteño –“no considera en absoluto la voluntad de los trabajadores, equiparándolos prácticamente con bienes inmuebles”.

“Buscan garantizar la impunidad de los funcionarios”, le dijo un dirigente del sector a Gestión Sindical. Es que el traspaso incluye el nombramiento de jueces en cargos vacantes, por parte del gobierno, que estarán a cargo de investigar los delitos contra la administración pública, como malversación de caudales, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Los jueces nuevos van a tener que investigar y condenar eventualmente a los funcionarios que los pusieron en sus cargos, algo que en la Argentina se sabe es imposible. Por eso decimos que se profundiza la impunidad”, agregaron desde el gremio.

La UEJN también cuestiona el estado de la justicia porteña, que deberá hacerse cargo de muchas de las cosas que se investigan ahora a nivel nacional. “Ello se agrava por el estado de la justicia de Buenos Aires que, lejos de focalizar sus esfuerzos en ese servicio, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia sino los intereses y relaciones entre las fuerzas partidarias del distrito, y no contempla la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación sino de los contubernios políticos”, denunció el gremio. Para la dirigencia, el problema radica que “el gobierno nacional cree que todo lo hecho en Ciudad es bueno, y no es así”. La propuesta del sector es “nombrar nuevos jueces” y crear “una policía judicial”.

Desde el gobierno nacional defendieron la medida, comenzando por el propio presidente. “Se necesita una justicia más eficiente, cercana y dinámica que dé respuestas”, señaló Macri en la conferencia de prensa de este jueves. “Los vecinos van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio”, agregó, y expresó su confianza en que tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional ratifiquen el convenio. Es que esta medida debe pasar por la aprobación del poder legislativo de ambas jurisdicciones.

Macri afirmó que el traspaso permitirá mejorar la “seguridad”, para dar respuestas “a las víctimas haciendo que la tarea de poder del Estado sea más eficiente, más cercana y más dinámica”. “La Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y que las cosas no se dilaten”, concluyó.

La polémica enfrenta a Piumato con el oficialismo, del que de alguna manera se mostró cercano. Luego de la fractura de la CGT en 2001, el dirigente se convirtió en uno de los lugartenientes de Hugo Moyano, y uno de los más críticos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta postura le trajo problemas interno a Piumato, antes aliado del gobierno. En 2015, por ejemplo, perdió la seccional porteña de la UEJN a manos de la lista Azul y Blanca, cercana al kirchnerismo. Además, ese año se formó el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), una incisión de su gremio, que pronto formó seccionales en Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que formaron incluso una federación. Además, Piumato intentó competir electoralmente en 2013 y 2015, como candidato a diputado nacional con el frente El buen peronismo, que agrupó a históricos del PJ porteño, como Julio Bárbaro, y que en las últimas elecciones sumó a Gustavo Vera, legislador por La Alameda. En ambos casos no puso superar las PASO.