23 de Mayo
de 2022
Actualidad.

FeSiMuBo pedirá la inconstitucionalidad de la reglamentación de la ley de paritarias municipales

22. 07. 2016

La federación confirmó que presentará la semana próxima ante la justicia un amparo para frenar la prórroga de tres meses decretada por el gobierno de Vidal. Aseguran que la gobernadora “no puede modificar una ley que está en plena vigencia”, por lo que consideran ilegal la prórroga de tres meses anunciada por el gobierno. No se descartan medidas de fuerza locales para hacer visible el rechazo.

La nueva prórroga decretada por el gobierno de María Eugenia Vidal a la ley que rige la actividad laboral de los municipales generó críticas de los gremios del sector, que aseguran que se trata de una medida “ilegal”, y que la norma “está en plena vigencia”. La medida de la gobernadora estiró por tres meses más el plazo para la entrada en vigencia del denominado régimen supletorio, y es el que debe regir en las comunas donde intendente y trabajadores no se ponen de acuerdo con el nuevo convenio colectivo. Además, el decreto le otorga algunas injerencias al Ministerio de Trabajo, que antes no estaban. Ante esto, la federación de sindicatos decidió presentar ante la justicia un amparo, y pedir que se declare la inconstitucionalidad de la normativa firmada por Vidal. No se descartan medidas de fuerza para intentar dar vuelta esta situación.

En la última reunión de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), realizada el pasado jueves, la directiva trazó un plan de lucha para intentar frenar la prórroga y los cambios introducidos por el decreto de Vidal a la ley 14.656. En este sentido, fuentes de la federación le confirmaron a Gestión Sindical que “la semana próxima se presentará ante la justicia un recurso de amparo para declarar inconstitucional el decreto”. Según la mirada de la entidad, la ley “está en plena vigencia”, y lo que sucede es que se posterga la aplicación del régimen supletorio “pero los dos los primeros cuerpos de la ley están en vigencia”.

En la misma reunión, se acordó votar en asambleas locales la realización de “medidas gremiales” para rechazar esta medida, tomada por Vidal para “favorecer a los intendentes que hasta ahora no acordaron con sus trabajadores”. Los números que maneja la FeSiMuBo hablan que en total unos 22 distritos ya tienen firmados sus nuevos acuerdos, mientras unos 40 están en discusión. Por su parte, la gran mayoría de los 135 distritos bonaerenses todavía se niegan a iniciar el proceso de discusión que indica la nueva normativa, aprobada en 2014, reglamentada casi un año después y que en enero de este año se postergó por seis meses a pedido de los jefes comunales.

Pero el decreto de Vidal no sólo estira los tiempos del régimen supletorio. Además, cambia una serie de elementos que le da más poder al Ministerio de Trabajo, organismo de aplicación de la nueva ley. La principal es la posibilidad que la cartera laboral impugne acuerdos salariales o convenios colectivos, incluso cuando el gobierno municipal y el gremio local lo hayan acordado. “Son un ámbito de aplicación, no de regulación”, recordaron desde FeSiMuBo, que rechazaron estos cambios. Según las fuentes consultadas, su interpretación es que el Ministerio de Trabajo “se está metiendo en la autonomía municipal, y en los acuerdos que puedan llegar a tener los sindicatos con la patronal”. Si nosotros llegamos a un convenio, el Ministerio no es quién para cuestionar eso, lo que tiene que hacer es legalizar el convenio colectivo”, agregaron.

La dirigencia municipal le apunta a los intendentes, que no quieren poner en vigencia total la ley, pero les recuerda que la ley “debe cumplirse”. Durante todo este proceso, los trabajadores se manifestaron varias veces en La Plata, pidiendo que se ponga en vigencia la normativa. Hasta ahora, los municipios del conurbano bonaerense no lograron acordar sus nuevos marcos regulatorios, algo que preocupa. La mayoría de los acuerdos se dio en el interior provincial, donde la planta de empleados en menor. Uno de los grandes problemas es que la ley obliga en un plazo no mayor a cinco años a efectivizar a todo el personal contratado que en muchos casos lleva años en esta situación. La nueva dilación puede abrir un nuevo foco de conflicto para el gobierno bonaerense, que en materia laboral tiene complicaciones para destrabar negociaciones complejas con sus propios empleados.

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