viernes 14 de mayo de 2021

Exigen justicia para el trabajador rural atropellado por su empleador

Días atrás Gestión Sindical se dio a conocer un video en el que un joven era embestido con un tractor por el dueño de una empresa. Hoy las comunidades bolivianas residentes en Argentina reclaman justicia.

«Las organizaciones de residentes bolivianos y bolivianas en Argentina que firmamos al pie de este documento, denunciamos los hechos de violencia que sucedieron el sábado 10 de abril en Mendoza, de los cuales fue víctima una familia de compratriotas bolivianos, entre ellos 3 menores de edad y un joven de 20 años», advierte el comunicado escrito por un conjunto de organizaciones bolivianas ante el violento episodio que se dio en una chacra de Colonia Segovia, cuando la familia de Urbano Lamas fue atacada por el dueño de la empresa que explota el lugar.

En un total acto de impunidad y violencia, el empresario José Sánchez, propietario de la comercializadora Germinando S.A., atropelló con un tractor a Alex Vega (hijo de Urbano), que trabajaba para él, en un intento de desalojar a la familia del lugar sin pagarles por su trabajo, y no conforme con ello, golpeó con un palo de algarrobo contra una mujer.

Según informa el Diario UNO, la chacra de Colonia Segovia es conocida como Los Sánchez y pertenece a Germinando S.A., y es allí donde, desde hace muchos años, vive y trabaja Urbano Lamas Rodríguez y su familia.

Urbano y su esposa son de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero tanto el como su pareja y sus cuatro hijos, viven hace varios años en la provincia de Mendoza y tiene su radicación permanente. De hecho, sus 4 hijos son argentinos.

Un apriete tras otro

Luego de levantar la última cosecha «los dueños no les quisieron pagar, diciendo que no les alcanzaba, pero Urbano tenía que pagarles a su vez a la gente que trabajó con él, sus hijos y algunos ayudantes», según citó el medio local a Yolanda Pozo, de la Comunidad Boliviana en Mendoza y Bartolinas Sisa Mendoza (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia).

Con lo cual, la familia se quedó en la casa donde vivieron siempre, a fin de resolver la deuda, pero en cambio, recibieron la intimación de desalojo.

«El dueño los acusó de usurpadores. Les dijo no los quería ver más, pero la familia le contestó que se quedarían allí hasta la cancelación de la deuda», relató Pozo.

También contó que «hubo amenazas» y «les han dicho que, si no se van por las buenas los van a matar. Les han dicho: ‘bolivianos de mierda, nadie va a reclamar por ustedes cuando los entierre como a perros'».

Luego de la embestida con el tractor, la policía llegó al lugar pero «no llamaron ambulancia y le dijo a la familia que, para denunciar, tendrían que ir ellos a la fiscalía», a lo cual accedió la familia.

En tanto, el Consulado de Bolivia intervino en el caso, como así también el área de Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

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