Los gremios del sector pidieron al gobernador Morales que revea la decisión, que obliga al personal de la administración pública a recibir al menos una dosis.
Desde esta semana, Jujuy es la primera provincia que hace obligatoria la vacunación contra el coronavirus entre sus empleados estatales. Mediante un decreto, el gobernador Gerardo Morales decidió que el personal público que no se haya inmunizado tenga «licencia sin goce de sueldo», y no concurra a las oficinas de la administración pública.
Esta medida, inédita en el país, fue rechazada por el Frente Amplio Gremial (FAG), que representa a los principales sindicatos de trabajadores estatales de la provincia norteña, que pidieron una audiencia con el mandatario para discutir la decisión.
El FAG consideró «excesivo e intempestivo» el decreto de Morales y pidieron analizar otras alternativas, en el marco de un pedido de audiencia al gobernador Morales, para tratar este y otros temas, como la reapertura de paritarias. Al respecto, Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación Provincial de Organismos de Control (APOC), sostuvo que la disposición del Gobierno provincial «excede las normativas constitucionales del país, que deben abordarse en el Congreso».
De todas maneras, aclaró que ve «loable» el objetivo de lograr la vacunación de la mayor parte de la sociedad, pero -remarcó- «en todo caso podría haberse llamado a los gremios para acompañar una medida al respecto, que no vulnere derechos». «Creemos que esto (por el decreto) es excesivo, intempestivo; queremos buscar un mecanismo para que los trabajadores que no deseen vacunarse puedan tener reconocido su derecho a trabajar», apuntó la dirigente.
Otras alternativas
«Se pueden asignar horarios y grupos diferenciados, realizar testeos frecuentes», entre otras alternativas, hasta «convocar a los gremios como herramienta de concientización», pero no «castigar a los trabajadores por incumplir una obligatoriedad que encima no tiene entidad legal», advirtió. «En todos los lugares se está buscando incentivar la vacunación con otras herramientas, dando beneficios, pero esto de forzar no está pasando en ninguna parte del mundo», concluyó Ustárez.
SE PODRÍA HACER OBLIGATORIA LA VACUNACIÓN EN ESTATALES PARA FOMENTAR EL TRABAJO PRESENCIAL
El decreto de Morales establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.
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