martes 10 de diciembre de 2019
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Escándalo: el Gobierno de Mauricio Macri pagó millones para financiar despidos en una empresa vinculada a Francisco Cabrera

El Destape accedió a los documentos que prueban que desde el Estado se subsidió a una empresa cercana al exministro para pagar el despido de trabajadores.

Lejos de usar las herramientas del Estado para tratar de mantener el nivel de empleo, el Gobierno de Mauricio Macri colaboró con el pago de indemnizaciones, una especie de incentivo al despido de trabajadores. En este caso, ocurrió con una empresa con vínculos con Francisco Cabrera, exministro de Producción, con quien había firmado un importante contrato para la construcción de torres eólicas, en el marco del fomento de las energías renovables.

Mediante un convenio sellado este año entre Ministerio de Producción y Trabajo y la empresa Gri Calviño Towers Argentina, al que tuvo acceso El Destape, el Gobierno aceptó pagar 12.500 pesos, durante seis meses, por cada trabajador despedido. El equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Según el Gobierno, se trató de una «colaboración» al abono indemnizatorio, que debería estar a cargo de la compañía que echó a 30 empleados. Lo cierto es que se trata de más de 2 millones de pesos que aportó el Estado nacional para que en definitiva los trabajadores se queden en la calle.

Según explicaron a este medio desde la cartera que conduce Dante Sica, en 2019 hubo un conflicto entre la Unión de Obrera Metalúrgica (UOM) y la firma en cuestión por el despido de estas treinta personas. En ese contexto, aseguraron, la Secretaría de Empleo brindó un «acompañamiento» a los trabajadores cesanteados «en el marco de su proceso de reinserción laboral». Algo que, según manifestaron a este medio, ocurrió en otras ocasiones e, incluso, con la gestión anterior. Altas fuentes del gobierno kirchnerista desmintieron por completo haber realizado acciones similares.

Este «acompañamiento» no es un seguro de desempleo, sino «un convenio especifico firmado en el marco de un conflicto existente entre la empresa y el gremio», detallaron desde el Ministerio de Producción y argumentaron que no todos los trabajadores despedidos son beneficiarios de tal aporte sino que ésto ocurre «cuando las partes involucradas en un conflicto realizan una presentación ante el Ministerio» pero «no siempre se utilizan las mismas herramientas».

Consultados por la existencia de un programa formal o marco institucional que le de sustento al supuesto «acompañamiento», no dieron prácticamente ninguna precisión. Manifestaron que no tiene un nombre oficial (como sí ocurre con el caso de lo REPRO, orientados a colaborar con el pago de sueldos para mantener el empleo), así como tampoco especificaron qué presupuesto destinan para esta herramienta, o cuánto dura.

Si bien el «beneficio» es para «acompañar a los trabajadores en el proceso de reinserción laboral», el mismo está a nombre de la empresa y no de los empleados despedidos. Sobre este punto, aseguraron que «ante la desvinculación de los trabajadores o la existencia de un conflicto laboral, quienes se presentan ante el Ministerio son los representantes de los trabajadores y los empleadores».

¿Qué dice el convenio?

El documento al que tuvo acceso El Destape se titula «convenio entre la Secretaría de Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la empresa GRI Calviño Towers Argentina Sociedad Anónima para la implementación de acciones de empleo». Tiene sólo nueve páginas, es del año en curso y, en él, el Gobierno accede a pagar parte del despido de treinta trabajadores.

Según consta, la compañía recurrió al Ministerio para implementar «acciones orientadas a atender la crítica situación de trabajadores desvinculados» y colaborar con «su reinserción laboral» mediante distintos programas de empleo y formación.

La empresa argumentó que los contratos se rescindieron porque su «objeto» finalizó pero requirieron «la asignación del máximo subsidio o ayuda posible para cada trabajador». El conflicto inició en abril de este año, cuando se atravesó por una conciliación obligatoria y la compañía «decidió mantener la operatividad de la mayor parte» de la planta pero optaron por despedir a 30, que son quienes «integran la petición de asistencia».

Vagamente, se amparan en la Constitución Nacional y la obligación del Estado de proteger a los trabajadores, así como el deber de mejorar las condiciones de empleo y entender en lo que respecta a las Prestaciones por Desempleo.
Llamativamente, la «ayuda para el proceso de reincersión» llegó en junio de este año, tan sólo un mes y medio después de los despidos, lo que sospechosamente coincide con el pago indemnizatorio. Según el documento, el abono será «en forma directa y personalizada» con la posibilidad de que los despedidos puedan acceder a distintos programas de perfeccionamiento, reinserción, entrenamiento, entre otros.

La empresa simplemente se encargaría de comunicar a los despedidos las fechas de pago, así como su impacto y monitoreo del acuerdo a la Secretaría. Quien hoy es secretario de Empleo, Fernando Premoli, era Secretario de Integración Productiva del Ministerio de Producción desde el 14 de febrero de 2017. Su nombramiento corresponde al exministro Francisco Cabrera.

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