Escándalo: ATE denunció un sobreprecio superior al 1000% en Nucleoeléctrica y pidió frenar contrataciones
La organización de estatales alertó sobre contrataciones millonarias sin justificación técnica ni administrativa en Nucleoeléctrica y reclamó la suspensión inmediata de los procesos cuestionados.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es el gremio más activo y combativo contra el gobierno de Javier Milei y este martes lo volvió a demostrar, con una denuncia de alto impacto: sostuvo que existieron manejos irregulares en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) debido a la compra de un software de gestión que costó un 1000% más. Por eso, pidió frenar contrataciones hasta que el hecho no es esclarezca.
El sindicato que conduce Rodolfo Aguiar precisó que el software que compró la gestión libertaria costó 7 millones de dólares, cuando el sistema actualmente utilizado -y que cumple funciones equivalentes- tiene un costo estimado de 600 mil dólares. Según números sindicales, la operación implica un sobreprecio del 1066,7% y se suma a otra contratación cuestionada por una licitación del servicio de limpieza con un incremento superior al 140%.
Nucleoeléctrica: «Un hecho de corrupción mayúsculo»
Para Aguiar, se trata de “un hecho de corrupción mayúsculo” y denunció que las autoridades de la empresa “violentaron todos los procedimientos administrativos internos”. “Este uso indebido e ilícito de las funciones públicas causa un perjuicio enorme al Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos”, advirtió.
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En torno a la adquisición de la polémica, corresponde al sistema SAP S/4HANA, cuyo valor asciende a 7 millones de dólares, 11,6 veces más que el software vigente. Desde ATE remarcaron que las autoridades de NASA, presidida por Demián Reidel, no lograron justificar por qué se optó por una herramienta significativamente más costosa sin que existan mejoras sustanciales en términos operativos o administrativos.
“¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600 mil? ¿O incrementar más de un 140% el gasto en limpieza cuando no se construyeron nuevas plantas ni se ampliaron instalaciones?”, cuestionó Aguiar. Para el dirigente, las irregularidades sólo pueden explicarse “desde una lógica de impunidad”.
Nucleoeléctrica: una maniobra con doble finalidad
En ATE también alertaron que estas maniobras podrían tener una doble finalidad: la apropiación indebida de recursos públicos y el desfinanciamiento deliberado de la empresa. “Desfinanciar para privatizar: ese es el esquema que ya vimos en otros organismos del Estado”, señaló el titular.
La denuncia incluye además una licitación “armada a medida” para la contratación del servicio de limpieza, adjudicada a la empresa LX Argentina, por un monto de $10.783.900.000, frente a los $4.493.300.000 que costaba el servicio anterior. El pliego, a la vista de los estatales, incorporó requisitos inéditos -como contar con entre 300 y 600 empleados o una antigüedad mínima de ocho años- que dejaron fuera de competencia a siete de las nueve empresas oferentes.
Incluso, la propia administradora del contrato, Camila Marina, había advertido en reiteradas oportunidades que los montos ofertados “no eran razonables” en comparación con el servicio vigente. Pese a ello, el Directorio avanzó con la adjudicación.
En este contexto, el apartamiento del Gerente General, Marcelo Famá, y del Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, incrementó las sospechas sobre la intencionalidad de las contrataciones cuestionadas. Para ATE, las remociones no pueden convertirse en una maniobra para diluir responsabilidades. “No vamos a aceptar chivos expiatorios”, subrayó Aguiar.
Finalmente, el sindicato exigió la paralización inmediata de todas las tramitaciones administrativas vinculadas a estas contrataciones y reclamó una auditoría integral sobre los procesos de licitación y los servicios contratados en Nucleoeléctrica Argentina. “Antes de que el daño sea mayor, hay que investigar y deslindar responsabilidades políticas y administrativas”, concluyeron desde la organización sindical.
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