En tres años de macrismo, hubo casi 1.500 detenciones en protestas y más de 500 hechos de represión

Son datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, tomados entre 2016 y 2018. Además, se abrieron 125 causas judiciales, en muchos casos a despedidos y delegados. En muchos casos los hechos se produjeron en marchas masivas, como las de rechazo a la reforma previsional. El clima represivo, alerta la entidad, continuará más allá del cambio de gobierno. En la Línea 60 se produjo la primera sentencia contra trabajadores.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En mayo de 2017, en el marco de un plan de lucha lanzado por gremios y movimientos sociales contra el plan de endeudamiento del gobierno de Río Negro, el secretario general de la CTA Autónoma Rodolfo Aguiar y su adjunto Aldo Capretti fueron detenidos por la política, un verdadero escándalo que terminó con una causa penal contra los dirigentes. Lo mismo le pasó este año a los despedidos de Electrolux en Rosario, acusados ante la justicia penal por reclamar su reincorporación. El uso de la justicia para solucionar cuestiones gremiales tiene en la Línea 60 su peor cara, donde hace unos días cinco choferes a dos años de prisión en suspenso por una causa abierta luego de un largo conflicto en 2015. Estos son ejemplos de cómo en estos tiempos la protesta social fue criminalizada por el gobierno de Mauricio Macri y las provincias, en el marco de una crisis que obligó a los trabajadores y movimientos sociales a salir a la calle a reclamar por sus derechos.

Los datos son escalofriantes: según un informe de la CTA Autónoma, en los primeros tres años de macrismo, se produjeron 538 hechos de represión y criminalización de la protesta social, y se abrieron 125 causa judiciales contra dirigentes y demás integrantes de las manifestaciones. Además, hubo 1452 detenciones por parte de las Fuerzas de Seguridad, en la mayoría de los casos en el marco de represiones. Los datos marcan además que los gremios sufrieron más de la mitad de los ataques.

Los datos sobre criminalización de la protesta social fueron recogidos por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que censó hechos de violencia en marchas y manifestaciones entre el 2016 y el 2018 en la Argentina gobernada por Cambiemos. “Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se registraron al menos 538 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular”, sostuvo el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

Según el observatorio, “la amplia mayoría se produjeron en el contexto de demandas laborales (53 por ciento), seguidos por los reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (22 por ciento de los hechos)”. Además, “la mayoría del total de hechos se dirigieron contra organizaciones gremiales (52 por ciento del total). En segundo lugar, se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31 por ciento)7 y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (13 por ciento)”.

“Ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia”, analizó el informe.

En el desglose, el observatorio encontró que “el hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (44 por ciento del total) seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (33 por ciento), la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (23 por ciento)”.

Esta última se intensificó este año, donde en varios conflictos gremiales se terminó por denunciar a los trabajadores. Este tipo de criminalización conocen bien lo despedidos de Electrolux, que a principio de enero de este año despidió 40 empleados de la planta ubicada en Rosario. A partir de esto, hubo un acampe, por lo que la empresa denunció a los cesanteados. Así, el escándalo en Electrolux pasó del ámbito laboral al judicial, cuando la fiscal Valeria Haurigot decidió imputar a los despedidos por los delitos de “sabotaje y turbación”.

El primero en ser acusado fue Lucas Tondo, quien es además uno de los voceros de los trabajadores. La causa judicial no prosperó, porque entre otras cosas se conocieron audios de la propia fiscal aconsejando como reprimir a los empleados. Lo que si prosperó fue el amparo realizado por los trabajadores, para lograr la reinstalación. “Esta semana la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia que obliga a la empresa a reincorporarnos”, le confirmó a Gestión Sindical Tondo, desde Rosario. Hasta ahora la empresa decidió no aceptar lo que ordena la justica, y los despedidos siguen batallando legalmente.

Detenidos por protestar

Por otra parte, el informe final del Observatorio del Derecho Social destaca “al menos 1.452 detenciones en el marco de protestas sociales y 234 casos de utilización de la violencia física como respuesta”. Una de las cuestiones “Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de hechos de represión de la protesta social (939 detenciones). Esas víctimas fueron en su mayoría miembros organizaciones sociales (43 por ciento) y sindicatos (41 por ciento)”, explicó el trabajo.

Una particularidad de las detenciones, reflexionó la entidad de la CTA Autónoma, “fue su ejecución en el marco de represiones a protestas masivas”. “El primero de estos hechos ocurrió el 8 de marzo de 2017 al momento de la desconcentración cuando las fuerzas de seguridad se llevaron detenidos a una treintena de personas. El 1| de septiembre del mismo año se utilizaron infiltrados que sirvieron de facilitador para detener a manifestantes y transeúntes al cierre de la jornada de lucha por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Al finalizar el año, durante las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre hubo una escalada de detenciones”, recordó el trabajo final.

Uno de los casos emblemáticos de esta política se dio en el Laboratorio Craveri, donde la empresa farmacéutica despidió en junio de este año a casi 50 empleados de su planta del barrio porteño de Caballito. Por esto, se inició un acampe frente al lugar, y en medio de una asamblea la policía irrumpió y se llevó detenidos a los miembros de la comisión interna y delegados de ATSA, que estaban en el lugar analizando los pasos a seguir en el marco del plan de lucha contra las cesantías. Uno de los detenidos fue Carlos Zinser, quien recordó que luego del hecho “la patronal mantiene la negativa de reincorporar a los despedidos de forma ilegal”. El laboratorio en este tiempo uso de excusa la crisis económica que afecta su funcionamiento, pero el despido de delegados y las detenciones de junio hacen pensar en otra cosa. “Craveri contrata personal temporario para sacar el trabajo de las adjudicadas licitaciones”, remarcó el delegado. “En Craveri lo q está en crisis son los derechos de los trabajadores”, agregó el diálogo con Gestión Sindical.

En este marco de política represiva, la peor cara es el asesinato de cinco personas por parte de las fuerzas de seguridad en un contexto de protesta social. Se trata de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez, Héctor Reyes Corvalán y Rodolfo Orellana. Pensando en el futuro, la entidad de la CTA Autónoma asegura que “la reivindicación de la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social constituye una de las herencias que deja la gestión de Cambiemos”.

“Vuelve a ser necesario resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de Derechos Humanos no solo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social. Por el otro, resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro años de políticas donde la reivindicación del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la acción estatal”, concluyó el informe del observatorio.